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Sicilia.- Las autoridades italianas descubrieron un circuito ilegal de comercialización de carne de caballo en Sicilia, donde una organización sacrificaba animales que habían sido descartados para consumo humano y distribuía sus restos en carnicerías y puestos de comida ambulantes.
La investigación reveló que los implicados compraban caballos a bajo costo, pese a que estaban registrados oficialmente como no aptos para la producción alimentaria. Después los incorporaban a una cadena clandestina de sacrificio y venta de carne.
Siete personas son investigadas por su presunta participación en la red. Entre ellas figura un veterinario del servicio público de salud, quien permanece bajo arresto domiciliario por orden judicial.
Carne distribuida en puestos ambulantes
Los sacrificios se realizaban en un cobertizo deteriorado, ubicado junto a una explotación ganadera y sin permisos sanitarios ni condiciones mínimas de higiene.
La carne obtenida llegaba a una carnicería y a varios puestos ambulantes de bocadillos en distintos municipios de la provincia de Siracusa. La policía advirtió que estos productos representaban un riesgo potencial para la salud pública.
Las autoridades también detectaron que los responsables utilizaban un matadero de la zona para alterar las guías y documentos de traslado de los animales, presuntamente con ayuda de los administradores de las instalaciones y del veterinario investigado.
Arrojaban restos cerca de una autovía
La red también habría recurrido a terrenos cercanos a una carretera provincial para deshacerse de despojos y residuos biológicos. La acumulación de estos materiales dio origen a vertederos ilegales que, de acuerdo con la investigación, provocaron daños al ecosistema.
Para documentar las actividades, los investigadores utilizaron intervenciones telefónicas y grabaciones de cámaras de vigilancia. El caso fue coordinado por la Fiscalía de Siracusa.
Como parte de la operación, se ordenó el embargo cautelar de un matadero, un establo, una carnicería y el terreno utilizado para abandonar los residuos. Los bienes asegurados tienen un valor aproximado de dos millones de euros.
A los siete investigados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, sacrificio ilegal de animales, falsedad documental, comercialización de alimentos nocivos y gestión ilícita de residuos
