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En medio del persistente conflicto entre organizaciones criminales en distintas regiones de Guerrero, al menos dos sacerdotes católicos han comenzado a desempeñar funciones de interlocución directa con grupos delictivos, con el objetivo de disminuir los niveles de violencia que afectan a comunidades locales.
Filiberto Velázquez, sacerdote de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, ha participado en negociaciones entre grupos antagónicos, como Los Tlacos y La Familia Michoacana, a fin de promover acuerdos de no agresión en zonas con presencia armada. Su labor ha incluido mediaciones comunitarias, denuncias públicas sobre abusos de autoridad y solicitudes de intervención ante líderes criminales para evitar desplazamientos forzados o represalias.
Por su parte, Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de esa misma diócesis, ha buscado durante años establecer contacto con distintos cárteles que operan en el estado, incluidos Los Ardillos, Los Tlacos y el Cártel del Sur, en un intento por frenar enfrentamientos y facilitar la liberación de personas retenidas.
Ambos religiosos han declarado públicamente que sus gestiones no sustituyen el papel del Estado, pero responden a un vacío institucional que deja en situación de riesgo a las poblaciones afectadas. La participación de la Iglesia en estos procesos ha sido objeto de debate entre sectores que cuestionan la legalidad y los alcances de este tipo de intervenciones.
Hasta ahora, no existen reportes oficiales que confirmen la efectividad a largo plazo de las treguas facilitadas por estos actores eclesiásticos, aunque en algunos municipios se ha documentado una reducción temporal de los enfrentamientos.
