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Moscú.– El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó este sábado de forma contundente la ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un hecho que Moscú calificó como una grave violación del derecho internacional y de la soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas.
En un comunicado oficial, la Cancillería rusa instó a Washington a “reconsiderar esta postura” y exigió la liberación inmediata del mandatario venezolano, a quien definió como el presidente “legítimamente electo” de un país soberano. Moscú advirtió que el secuestro de un jefe de Estado constituye un precedente peligroso que socava los principios básicos del orden internacional.
Rusia subrayó además la necesidad de “crear las condiciones para resolver cualquier conflicto existente entre Estados Unidos y Venezuela mediante el diálogo”, una afirmación que contrasta con la escalada militar impulsada por la Casa Blanca y su desprecio por los mecanismos diplomáticos multilaterales.
La reacción rusa se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara públicamente que, durante los bombardeos contra Caracas y los estados Miranda, La Guaira y Aragua, Maduro y la primera dama fueron capturados y trasladados fuera del país. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó la detención y exigió a Washington una “prueba de vida inmediata”, en medio de crecientes denuncias por desaparición forzada.
Desde Estados Unidos, la fiscal general Pamela Bondi afirmó que Maduro y Flores enfrentarán procesos judiciales en tribunales estadounidenses, enumerando una serie de cargos que incluyen conspiración narcoterrorista y posesión de armas. Sin embargo, ni el Departamento de Justicia ni la Casa Blanca han explicado bajo qué marco legal se justifica la captura de un jefe de Estado extranjero tras una acción militar unilateral.
“Gravísima agresión militar”
El Gobierno venezolano denunció el ataque como una “gravísima agresión militar” y acusó a Estados Unidos de violar de forma flagrante los artículos fundamentales de la Carta de la ONU, que prohíben el uso de la fuerza y garantizan la igualdad soberana de los Estados.
Según el comunicado oficial, la ofensiva estadounidense no solo amenaza la paz regional, sino que pone en riesgo la vida de millones de personas en América Latina y el Caribe. Caracas sostuvo que el verdadero objetivo de Washington es el control de los recursos estratégicos del país, en particular el petróleo y los minerales, mediante la imposición forzada de un cambio de régimen.
“Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo venezolano no aceptará una guerra colonial destinada a destruir su forma de gobierno”, afirmó el Ejecutivo, que calificó la operación estadounidense como un nuevo intento de dominación imperial.
En respuesta, el Gobierno decretó el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional y anunció que acudirá al Consejo de Seguridad de la ONU, a la Celac y al Movimiento de Países No Alineados para exigir la condena internacional y la rendición de cuentas de Estados Unidos.
Mientras Washington intenta presentar la captura de Maduro como un acto judicial, la condena de Rusia y de otros actores internacionales vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta clave: ¿hasta qué punto una potencia puede arrogarse el derecho de intervenir militarmente, capturar a un jefe de Estado y redefinir el orden internacional sin consecuencias?
