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Río de Janeiro.— El amanecer del miércoles en el Complejo da Penha no trajo silencio ni alivio, sino filas de cadáveres extendidos sobre el pavimento caliente. Mujeres lloraban, hombres gritaban los nombres de sus hijos, y el olor a pólvora y sangre aún flotaba sobre las casas amontonadas del norte de Río de Janeiro.
En el centro de una pequeña plaza, vecinos colocaron más de 40 cuerpos, algunos con las manos atadas o con tiros en la nuca. Era su forma de denunciar lo que consideran una masacre: la operación policial más sangrienta que recuerde la ciudad.
“Hay personas ejecutadas, muchas con disparos por la espalda. Esto no es seguridad pública, es terror”, dijo el activista Raul Santiago, de 36 años, mientras ayudaba a identificar a las víctimas.
El operativo que paralizó Río
La llamada “Operación Contención”, lanzada el martes con 2 mil 500 agentes de distintas corporaciones, tenía como objetivo golpear al Comando Vermelho, la mayor facción criminal del estado. Pero el operativo se transformó en una jornada de guerra urbana: ráfagas de ametralladora, incendios de autobuses y enfrentamientos en calles estrechas que dejaron un saldo devastador.
Según el gobierno estatal, 60 presuntos criminales y cuatro policías murieron, aunque los vecinos aseguran que muchas de las víctimas eran civiles.
La agencia AFP constató la presencia de cuerpos con heridas de bala en la cabeza y signos de tortura. “Se ven marcas de quemaduras, personas amarradas… fueron asesinadas fríamente”, denunció el abogado Albino Pereira Neto, representante de tres familias que perdieron a algún pariente.
Una ciudad sitiada
Durante horas, Río fue una ciudad sitiada. Las clases fueron suspendidas, el transporte público colapsó y miles de personas quedaron atrapadas sin poder salir de sus barrios. Autobuses fueron incendiados y usados como barricadas, y drones —según la policía— fueron empleados por los delincuentes para lanzar explosivos.
“Fue un infierno. No podíamos salir de casa; los disparos no paraban”, relató una vecina que pidió anonimato por miedo a represalias.
Tensión política y condena internacional
El gobernador Cláudio Castro defendió la operación y aseguró que se trató de una acción “necesaria” para recuperar el control de zonas dominadas por el narcotráfico. Sin embargo, ordenó reforzar el patrullaje en todo el estado, especialmente en los accesos metropolitanos y principales vías.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió una delegación de emergencia a Río y convocó a una reunión urgente con las autoridades locales para analizar la crisis.
La reacción internacional fue inmediata. La ONU expresó estar “horrorizada” por la magnitud de la violencia, mientras que Amnistía Internacional y otras 30 organizaciones civiles denunciaron que la acción “sumió a la ciudad en un estado de terror”.
“Brasil no puede normalizar las ejecuciones extrajudiciales. La población negra y pobre de las favelas sigue siendo la principal víctima”, advirtió Amnistía en un comunicado.
Río, la ciudad que sangra
En Penha, los cuerpos aún esperan ser retirados mientras las familias improvisan altares con velas y fotografías.
Nadie sabe cuántos de los muertos eran delincuentes ni cuántos eran simplemente vecinos atrapados en medio del fuego cruzado.
La favela vuelve a ser espejo de un país donde la frontera entre seguridad y barbarie se ha vuelto indistinta.
Río de Janeiro —postal del carnaval y la alegría— despierta otra vez marcada por el miedo y el luto.
