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Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dijo que las suspensiones otorgadas por dos juzgadores federales violentan la Constitución, el principio de legalidad e invaden funciones y facultades del legislativo.
Calificó de inadmisible e improcedente cualquier resolución judicial sobre el desempeño del Congreso.
Esta mañana se dio a conocer que una juez de Morelos y un juez de Chiapas habían resuelto la suspensión del debate sobre la reforma judicial y, si bien se declararon incompetentes por ser directamente afectados, emitieron la suspensión para que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se abstenga de presentar el dictamen al pleno.
En el contexto del cambio de Legislatura, que inicia funciones este domingo 1 de septiembre, el debate sobre el llamado Plan C y específicamente en su contenido relativo a la reforma judicial es uno de los temas más polémicos en el país, e inclusive ha motivado reacciones del extranjero en especial de Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales del país.
Al mismo tiempo, personal y la estructura del Poder Judicial se encuentra en paro desde hace diez días, un movimiento histórico pues no se tiene registro de protesta similar.
“No hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretendan frenar esta histórica reforma en beneficio de la población”, dijo Monreal a través de un video difundido en sus redes sociales.
Consideró que ya hay antecedentes de las acciones de diversos sectores vinculados con intereses ajenos al Poder Judicial.
Mencionó que en días pasados el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá evitó actuar de manera inconstitucional y antes, el Tribunal Electoral, rechazó la resolución de un juez de distrito que intentaba invadir la competencia del tribunal.
Para Monreal Ávila, el análisis de la reforma está a cargo del Poder Legislativo, donde se apruebe por dos terceras partes de legisladores presentes y la mayoría de los congresos locales.
“Es inaudito que los quejosos sean los propios titulares de juzgados de distrito”, agregó.
La bancada de Morena advirtió según Monreal que no se someterán a las dos suspensiones porque no son competentes.
Hacerlo, dijo, sería subordinar la voluntad popular a una injerencia indebida y grosera que no tiene sustento constitucional.
“Es tan absurdo, grotesca e ignorante la disposición de suspender vía amparo los actos de otro poder porque el juicio de amparo es improcedente contra adhesiones o reformas constitucionales”.