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La reforma constitucional contra el nepotismo y la reelección, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado tensiones entre legisladores de Morena y sus aliados. El senador Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, de Morena, mantienen un desacuerdo público sobre el momento en que esta reforma debería entrar en vigor.
El pasado 25 de febrero, el Senado aprobó la reforma, pero con una modificación clave: su aplicación se pospuso hasta 2030, en lugar de 2027 como se había propuesto inicialmente. Esta modificación fue presentada por el senador Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, en nombre de Velasco. Sin embargo, Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha manifestado su intención de revertir esta decisión y defender la entrada en vigor de la reforma para 2027.
La reforma busca prohibir que familiares directos sucedan a funcionarios en cargos de elección popular, como gobernadores, alcaldes o legisladores. Sheinbaum ha insistido en que esta medida es necesaria para evitar prácticas de nepotismo y garantizar la transparencia en los procesos electorales. No obstante, la postergación de su aplicación hasta 2030 ha sido criticada por algunos legisladores, quienes consideran que beneficia a ciertos intereses políticos.
Ramírez Cuellar ha acusado a Velasco de buscar retrasar la reforma para favorecer a figuras como Ruth González, senadora del PVEM y esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien podría contender en las elecciones de 2027. Por su parte, Velasco ha respondido que Ramírez Cuellar apoya la aplicación inmediata de la reforma por "intereses personales", ya que aspiraría a la gubernatura de Zacatecas en 2027, compitiendo contra Saúl Monreal, hermano del actual gobernador, David Monreal.
La reforma ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde se discutirá y votará en los próximos días. Ramírez Cuellar ha anunciado que propondrá modificar el dictamen para que la reforma entre en vigor en 2027, alineándose con la postura de Sheinbaum. "La presidenta ha dicho que considera que 2027 es el momento adecuado, y yo coincido con ella", declaró el diputado.
En tanto, Velasco ha defendido la postergación hasta 2030, argumentando que es necesario un periodo de transición para aplicar la reforma. "La opinión de la presidenta es valiosa y debe ser considerada, pero también hay que dialogar sobre los plazos", señaló el senador.
