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San Luis Acatlán, Guerrero.— Dos funcionarios del Gobierno de Guerrero permanecen retenidos por habitantes de la comunidad de Buena Vista, en la Costa Chica, quienes exigen la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), detenido el pasado fin de semana.
Los servidores públicos retenidos son el director de Gobernación Estatal, Rafael Julián Arcos, y el delegado regional de Gobernación, Germán Herrera Clemente, quienes acudieron el lunes para dialogar con los manifestantes que mantenían bloqueada la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del puente de Marquelia.
Asamblea en Buena Vista condiciona liberación de funcionarios
Tras levantarse el bloqueo carretero, los pobladores trasladaron a ambos funcionarios a la comisaría ejidal de Buena Vista. Este martes, una asamblea de autoridades y habitantes acordó mantenerlos retenidos hasta que Jesús Plácido Galindo sea liberado o acuda a la comunidad el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.
Los manifestantes acusan al funcionario estatal de haber tendido una "trampa" para lograr la detención del dirigente indígena, señalamiento que hasta el momento no ha sido respondido públicamente por el gobierno estatal.
Funcionarios aseguran en video que se encuentran en buen estado
En un video difundido por las autoridades comunitarias, Rafael Julián Arcos y Germán Herrera Clemente afirman que no han sido golpeados y que reciben un trato adecuado durante su retención.
El presidente municipal de San Luis Acatlán, Aldair Hernández, también informó que ambos servidores públicos se encuentran en buenas condiciones, mientras continúan las negociaciones para resolver el conflicto.
Jesús Plácido permanece detenido en el Altiplano
Jesús Plácido Galindo fue detenido el pasado 17 de julio y posteriormente trasladado al penal federal del Altiplano. Las autoridades lo investigan por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2021 y por supuestos vínculos con un grupo criminal.
Familiares y comunidades indígenas sostienen que el dirigente es inocente y exigen su liberación, demanda que mantiene el conflicto en la Costa Chica.
