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Chilpancingo, Guerrero.– La Auditoría Superior del Estado (ASE) aclaró que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Controversia Constitucional 174/2025 no exime al Ayuntamiento de Acapulco de las observaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2023, por un monto superior a 898 millones de pesos.
Mediante un comunicado difundido este lunes, la ASE explicó que la sentencia resuelta el pasado 6 de julio únicamente declaró la nulidad del Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023 del municipio de Acapulco, así como del oficio de requerimiento de información relacionado con una auditoría practicada a recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), perteneciente al Ramo 33.
La SCJN resolvió un conflicto de competencia, afirma la ASE
El órgano fiscalizador puntualizó que la resolución de la SCJN se limitó exclusivamente a definir un tema de competencia entre las autoridades de fiscalización federal y estatal, por lo que no analizó ni resolvió sobre la legalidad del destino y aplicación de los recursos federales ejercidos por el municipio.
"Esta resolución no prejuzga sobre la existencia o inexistencia de irregularidades en el uso y aplicación de los recursos asignados al municipio de Acapulco durante el ejercicio fiscal 2023", puntualizó la ASE.
Revisiones podrían continuar si las facultades no han prescrito
La Auditoría Superior del Estado enfatizó que la nulidad del informe de auditoría y del oficio de requerimiento de información no impide que las autoridades fiscalizadoras continúen con las actuaciones que correspondan, siempre que las facultades legales para revisar dichos recursos no hayan prescrito.
La ASE sostuvo que la decisión del máximo tribunal del país brinda certeza jurídica sobre las atribuciones de los órganos de fiscalización federal y estatal, al tiempo que reiteró su compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el combate a la corrupción.
Finalmente, aseguró que continuará ejerciendo sus atribuciones conforme al marco constitucional y legal vigente, en apego al Estado de derecho.
La presidenta municipal de Acapulco solicitó licencia para separarse de sus funciones con el fin de participar como aspirante a la coordinación estatal de Morena, proceso interno que posteriormente definirá la candidatura del partido a la gubernatura de Guerrero en 2027.
