Table of Contents
En un evento de clausura de la “Semana Pride” organizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) para concientizar a su personal sobre los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, reiteró el compromiso de la LXIII legislatura de colaborar con la FGE.
El objetivo, explicó, es que los asuntos relacionados con la comunidad LGBTIQ+ no se queden en meras narrativas, sino que se conviertan en motivos para investigar y procesar a quienes atenten contra esta población.
La legisladora destacó la relevancia del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ como un recordatorio constante de la deuda histórica que se tiene con las personas de la diversidad sexual. Enfatizó que la Semana Pride busca una sociedad más justa e inclusiva, donde las instituciones públicas desempeñan un papel fundamental en la promoción de la diversidad y la tolerancia.
Calixto Jiménez también resaltó la importancia de sensibilizar al personal encargado de investigar delitos. En este sentido, se impulsan talleres y capacitaciones para establecer un nuevo paradigma en relación a la reforma al Código Penal del Estado. Esta reforma busca castigar el delito de las terapias de conversión, que brutalmente intentan cambiar la orientación sexual de las personas.
La diputada subrayó que la inclusión y la diversidad son esenciales para construir una sociedad justa y pacífica. El Congreso, sostuvo, continuará fortaleciendo los esfuerzos con la fiscalía para investigar y procesar casos en contra de quienes atenten contra la comunidad LGBTIQ+. Aunque reconoció que aún queda mucho por hacer, dijo que se espera lograr mayores beneficios para estos sectores.
Finalmente, la legisladora hizo un llamado a los trabajadores de la Fiscalía General del Estado para que atiendan adecuadamente las denuncias de integrantes de la comunidad LGBTIQ+, legitimando así las causas de la ciudadanía guerrerense. En el evento estuvieron presentes diversas autoridades, incluyendo representantes de la FGE, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y el Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo.
