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Ciudad de México — La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen listas más de 200 órdenes de aprehensión contra una red de corrupción en las aduanas del país, presuntamente involucrada en el millonario delito de "huachicol fiscal".
Esta operación de gran escala no solo apunta a empleados civiles, sino también a personal militar, empresarios y figuras políticas, lo que revela la profunda colusión que ha permitido el contrabando de combustible durante años.
Entre los nombres que figuran en las órdenes de captura destaca el del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La investigación lo vincula a la empresa Ingemar, la cual fue protagonista del decomiso de 15 millones de litros de combustible ilícito en Coahuila el pasado 7 de julio. A pesar de haber negado su responsabilidad, el historial de su empresa y el permiso de importación que obtuvo a pesar de las restricciones del gobierno federal, lo ponen en el centro de las sospechas.
Militarización y corrupción: el fracaso del control aduanero
La inclusión de personal militar entre los detenidos y los objetivos de la FGR es un punto crítico. Desde 2020, las 49 aduanas del país quedaron bajo custodia de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, con el objetivo explícito de combatir la corrupción y el tráfico ilícito. Sin embargo, esta nota demuestra que la militarización no solo no detuvo el contrabando de huachicol fiscal, sino que el delito se ha fortalecido.
El modus operandi, según las investigaciones, es un "contrabando técnico" de alto nivel: buques y trenes reportan transportar sustancias no gravadas como "aditivos para aceites" o "sosa cáustica", cuando en realidad ingresan millones de litros de combustible. Esto ha generado una cadena de sobornos masivos para los agentes aduanales y ganancias multimillonarias para empresas y el crimen organizado.
La expansión del delito y la respuesta tardía
La nota destaca que el huachicol fiscal ha crecido al punto de que los decomisos se han vuelto más frecuentes y masivos, como el de 10 millones de litros de diésel en Tampico en marzo y el de 15 millones de litros en Coahuila. A pesar de la magnitud del problema, las investigaciones de la FGR se enfocaron en los agentes aduanales por años, dejando intacto el eslabón más importante: las empresas importadoras y comercializadoras.
La inclusión de estas empresas en las investigaciones sugiere un cambio de estrategia que, aunque necesario, llega de manera tardía, después de que miles de millones de dólares en ganancias ilícitas ya han sido generadas. La orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, un político de alto perfil, evidencia que la corrupción en este sector ha permeado las más altas esferas del poder, sin importar el color del partido.
