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Una investigación en curso en México y Estados Unidos ha puesto bajo la lupa una red de empresas creadas tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Estas compañías, vinculadas a familiares del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez, son señaladas por su presunta relación con el huachicol fiscal y la obtención de contratos multimillonarios con el gobierno.
La periodista Peniley Ramírez reveló esta trama en una entrevista con Aristegui Noticias, describiendo un esquema complejo donde el crudo robado en México es traficado, refinado en Texas y reingresado al país. La red involucra a más de 500 empresas y personas, pero la "parte más delicada y peligrosa" de la indagatoria, según sus fuentes, se centra en el hijo y la esposa de Martínez.
Vínculos empresariales y contratos bajo escrutinio
De acuerdo con la información de Ramírez y otras publicaciones, el hijo y la esposa de Audomaro Martínez crearon múltiples empresas de seguridad y comercialización de combustibles a partir de 2018. Estas compañías han obtenido contratos jugosos con el gobierno.
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), citada por Ramírez, reveló que una socia de estas empresas, Elisa Aguilar, vendió un departamento de lujo al exsecretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Un asociado de Aguilar, por su parte, obtuvo contratos gubernamentales por más de 229 millones de pesos.
Otro de los contratos investigados fue para suministrar combustible a las Islas Marías, lo que subraya el alcance de los negocios de esta red dentro de la administración pública.
La red de huachicol fiscal y muertes sospechosas
La investigación no solo abarca al círculo de Audomaro Martínez. Se extiende a una red de huachicol fiscal que, según reportes de medios como Infobae y El País, ha cobrado la vida de al menos siete personas clave en circunstancias "muy extrañas". Entre los fallecidos se encuentran un delegado de la FGR en Tamaulipas y un contralmirante que había denunciado una red de corrupción en las aduanas.
Las indagatorias también involucran a la Secretaría de Marina (SEMAR), a la que el gobierno de AMLO entregó el control de las aduanas para combatir la corrupción. Sin embargo, la red criminal, que según la FGR está vinculada a 555 empresas y ocho puertos, opera con la presunta participación de altos mandos navales.
La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, ha sido un punto de inflexión. El País y otros medios reportan que un testigo protegido de la FGR ha implicado a los hermanos Farías Laguna en el tráfico de combustible, lo que pone en entredicho la política de "cero corrupción" del sexenio pasado.
Un dilema para el gobierno de Sheinbaum
Esta vasta red criminal representa un gran desafío para la presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de que la presión de Estados Unidos ha impulsado las investigaciones, el caso expone a figuras del mismo partido que hoy gobierna. La prensa ha señalado que el huachicol fiscal podría ser el mayor escándalo de corrupción en la historia del país, con pérdidas anuales estimadas en 200 mil millones de pesos.
La pregunta clave ahora es si el gobierno de Sheinbaum tendrá la voluntad política para llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias y castigar a los responsables, sin importar su peso político o cercanía con la administración anterior.
