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Ciudad de México.– Un tribunal federal ratificó el amparo concedido al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y ordenó la celebración de una nueva audiencia para revisar la medida de prisión preventiva justificada que enfrenta por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, confirma la decisión del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, que el 10 de julio de 2024 determinó dejar sin efecto la medida cautelar dictada en diciembre de 2023. Sin embargo, la resolución no implica la liberación inmediata del exfuncionario, quien continúa vinculado a otros procesos penales y sentencias condenatorias.
De acuerdo con el fallo, la nueva audiencia deberá evaluar si el estado de salud de Abarca —quien padece diversas enfermedades crónicas— justifica modificar su medida cautelar. El tribunal instruyó valorar si los padecimientos del exalcalde son graves, terminales o controlables, y si el sistema penitenciario cuenta con la capacidad técnica y médica para atenderlos adecuadamente.
La Fiscalía General de la República (FGR) había promovido un recurso de revisión contra el amparo, mismo que fue rechazado por unanimidad. Con ello, las autoridades judiciales deberán decidir si Abarca puede continuar su proceso en prisión o bajo otras medidas menos restrictivas.
El procedimiento judicial corresponde a la causa penal 103/2014, en la que se le acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero. Aun si se le permite enfrentar este proceso en libertad, Abarca seguiría recluido, debido a las condenas y causas abiertas en su contra, entre ellas una sentencia de 92 años de prisión por secuestro agravado.
El caso de José Luis Abarca —alcalde de Iguala entre 2012 y 2014— permanece estrechamente ligado al caso Ayotzinapa, por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014. Aunque el amparo confirmado no está relacionado directamente con esa causa, su figura continúa siendo símbolo de uno de los episodios más graves de impunidad y crisis institucional en México.
