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El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha expresado su desacuerdo con la posibilidad de retroactividad en la Ley de Amparo recientemente reformada, sugiriendo a los legisladores ajustes en la redacción para evitar interpretaciones inconstitucionales.
Observaciones y sugerencias del Ejecutivo
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, actuando en representación del Ejecutivo, señaló que el artículo transitorio incluido en el Senado y que pasó a diputados "no es la más adecuada" en cuanto a su claridad.
Zaldívar hizo las siguientes sugerencias a los legisladores para un "ejercicio de diálogo institucional":
- Claridad procesal: dejar explícito que la Ley de Amparo es una ley de carácter procesal.
- Respeto a derechos adquiridos: establecer que las etapas procesales ya concluidas generan derechos adquiridos y deben regirse por las normas vigentes al momento en que iniciaron los procesos.
El funcionario enfatizó que la posición de la presidenta Sheinbaum es ser "muy enfática en que ninguna ley debe ser retroactiva".
Alcance de la reforma y jurisprudencia
Zaldívar explicó, basándose en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que las nuevas disposiciones de la ley solo deben aplicarse a las actuaciones procesales futuras posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Aclaró que esto no implica una aplicación retroactiva ni la afectación a derechos ya adquiridos. Además, insistió en que el transitorio con falta de claridad no significa que se vayan a revocar las suspensiones de amparos ya otorgadas.
Finalmente, destacó que la redacción legal debe tener un "sentido pedagógico" para ser clara y accesible a toda la ciudadanía.
