Table of Contents
La recién aprobada Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión introduce modificaciones sustanciales en el acceso a servicios digitales, uso del espectro radioeléctrico y derechos de usuarios. Entre los principales cambios destaca la simplificación de trámites para el despliegue de infraestructura y nuevos mecanismos de cobertura social.
La normativa establece que el espectro para uso público será gratuito en sitios gubernamentales y áreas de acceso común, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá ofrecer servicios comerciales de internet en igualdad de condiciones que los operadores privados. Se implementarán esquemas de cobertura social obligatoria para empresas de telecomunicaciones, que recibirán descuentos en el pago por uso de espectro a cambio de llevar conectividad a zonas marginadas.
En materia de derechos, la ley restituye disposiciones de 2014 como el código de ética y la defensoría de audiencias. Los usuarios tendrán garantizado acceso a equipos desbloqueados, recarga de saldo en cualquier establecimiento y protección contra pérdida de saldo. Para radios comunitarias y públicas se reducen requisitos de acceso al espectro y se permiten patrocinios.
Datos oficiales revelan que 10.2 millones de mexicanos viven en zonas sin cobertura móvil 4G, mientras 4.4 millones no pueden contratar el servicio por limitaciones económicas. El precio promedio por gigabyte en México (5.22USD) supera al de paises como Brasil (2.88) o Argentina (1.58), según comparativos internacionales.
La ley transfiere las funciones de competencia económica en telecomunicaciones a la nueva comisión antimonopolio, separándolas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que mantendrá un órgano técnico con cinco consejeros designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Otras disposiciones incluyen el bloqueo obligatorio de señales en centros penitenciarios por parte de los operadores y lineamientos para el retiro de cableado aéreo. Se prohíbe a medios de comunicación transmitir propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, excepto contenido turístico, cultural o deportivo.
La normativa busca incrementar la penetración de internet, que actualmente alcanza al 68.5% de hogares, con énfasis en localidades menores de 2,500 habitantes donde la cobertura apenas llega al 62%. Para comunidades rurales (menos de 200 habitantes) la conectividad es del 26%.
