Table of Contents
Sin presentar pruebas que sustenten sus dichos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, afirmó que algunos de los 29 reos entregados a Estados Unidos tenían acuerdos con jueces.
Dijo que la entrega de los mexicanos fue motivada por información sobre que existía riesgo de que algunos fueran liberados o retrasados sus procesos de extradición, dijo.
Sin embargo, García Harfuch no mostró por ningún lado pruebas de su afirmación.
Por esa razón, la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, rechazó los supuestos de García Harfuch sobre el proceder de juzgadores y expresó su total disposición a que de haber pruebas, se actúe conforme a derecho sin excepciones. Agregó que en un Estado de derecho, lo conducente es acudir a las instancias correspondientes.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el riesgo que había en México con algunos de los 29 capos enviados a EE.UU.
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 28, 2025
“Fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición” pic.twitter.com/srL2IbKU7k
“Por lo tanto, la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal rechaza insinuaciones sobre el proceder de juzgadoras y juzgadores, y expresa su total disposición a que en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones”.
La ministra se refirió a las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en cuanto a que el gabinete de seguridad cuenta con información de que existía riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años.
La presidencia del CJF reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de derecho y aclaró que cada resolución de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales que la propia ley establece.
García Harfuch dijo que el Gabinete de Seguridad “cuenta con información de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, indicó.
García Harfuch calificó la entrega como un acto de autoridad sin precedentes, resultado de la política de seguridad del Gobierno de México.
