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Proponen reforma para reestructurar transparencia y protección de datos en Guerrero

El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política de Guerrero

El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros

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El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política de Guerrero con el fin de modificar el modelo institucional de transparencia y protección de datos personales. La propuesta busca eliminar el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIGRO) como órgano autónomo y redistribuir sus funciones entre los órganos de contraloría de los tres poderes y órganos autónomos.

La reforma plantea que cada poder público y órgano autónomo cuente con su propia autoridad garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Estas instancias serían responsables de resolver recursos de revisión, establecer lineamientos de transparencia proactiva y supervisar el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos obligados.

Entre los cambios propuestos destacan modificaciones a los artículos 58, 88, 105, 108 y la derogación del Capítulo II del Título Octavo de la Constitución local. Además, se propone adicionar un artículo 179 bis para regular las obligaciones de transparencia de los ayuntamientos, designando a la Secretaría de Contraloría como autoridad garante a nivel municipal.

El legislador señaló que la iniciativa busca armonizar el marco jurídico estatal con la reforma federal en la materia, manteniendo los principios de máxima publicidad, gratuidad y eficacia en los procedimientos. Para el caso de los partidos políticos, se propone que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sea la autoridad competente.

Sandoval Ballesteros afirmó que el nuevo modelo no comprometerá la garantía de estos derechos fundamentales y evitará duplicidad de funciones, optimizando el uso de recursos públicos. Las determinaciones de las nuevas autoridades garantes deberán sujetarse a lo dispuesto en la legislación federal vigente.

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