Tabla de contenido
Guerrero.- En el Congreso de Guerrero se presentó una iniciativa para fortalecer los derechos político electorales de los pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de que su participación en la vida pública no dependa de criterios discrecionales, sino de obligaciones legales claras dentro del sistema electoral estatal.
La propuesta fue impulsada por la diputada Catalina Apolinar Santiago, quien planteó reformas a la Constitución local y a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para garantizar una representación efectiva y mecanismos exigibles de participación política.
De derechos reconocidos a exigibles
La iniciativa propone elevar a rango constitucional principios como la interculturalidad, el pluralismo jurídico y la paridad, con el objetivo de que estos no se queden solo en el reconocimiento legal, sino que se traduzcan en presencia real de pueblos indígenas y afromexicanos en los espacios de decisión electoral.
También se establece que estos grupos deben contar con representación con voz en los órganos encargados de organizar las elecciones, con lo que se busca reducir la exclusión histórica en las estructuras institucionales.
Candidaturas comunitarias y representación obligatoria
Uno de los ejes centrales de la reforma es que las candidaturas de personas indígenas y afromexicanas sean definidas desde sus propias asambleas comunitarias, respetando sus sistemas normativos internos y garantizando legitimidad desde sus territorios.
Además, se plantea que en municipios y distritos donde la población indígena o afromexicana sea igual o superior al 40 por ciento, su participación sea obligatoria no solo en candidaturas, sino también en los consejos distritales y en el Consejo General del instituto electoral estatal.
Con ello, la propuesta busca que la representación no sea simbólica, sino efectiva dentro de los órganos donde se toman decisiones clave del sistema electoral.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos, así como a la de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, para su análisis y dictaminación.