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La diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero, con el objetivo de establecer bases claras para el funcionamiento de la Unidad para la Igualdad de Género. La propuesta busca definir el perfil, duración del cargo y atribuciones específicas de su titular, con el fin de garantizar ambientes laborales libres de discriminación y violencia.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, plantea que la persona titular de la Unidad sea designada por un periodo de tres años, con posibilidad de reelección, y que cumpla requisitos como ciudadanía mexicana, título profesional, experiencia en perspectiva de género y no tener antecedentes penales. Entre las atribuciones propuestas destacan: elaborar protocolos contra el acoso sexual, implementar programas de capacitación en igualdad de género y monitorear el cumplimiento de tratados internacionales en la materia.
En la exposición de motivos, Mosso Hernández señaló que persisten desigualdades en el acceso a oportunidades para mujeres en ámbitos laborales, políticos y sociales. La legisladora fundamentó su propuesta en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Belém do Pará, así como en la Constitución mexicana y la Ley 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Guerrero.
La reforma propone que la Unidad elabore un plan anual de trabajo, informe semestralmente a la Junta de Coordinación Política y colabore con el Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri" en la producción de contenidos con perspectiva de género. De aprobarse, la Junta de Coordinación Política tendría 30 días para designar al titular de la Unidad, la cual dispondría de plazos similares para presentar su plan de trabajo y un protocolo contra el acoso laboral y sexual.
La iniciativa busca institucionalizar mecanismos que, según la diputada proponente, son necesarios para cumplir con obligaciones internacionales y garantizar la igualdad sustantiva al interior del Poder Legislativo estatal. La propuesta se enmarca en los esfuerzos por armonizar la legislación local con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
