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Chilpancingo, Guerrero.- La diputada Catalina Apolinar Santiago presentó en el Congreso de Guerrero dos iniciativas que buscan reconocer derechos de pueblos indígenas y afromexicanos y crear un sistema público de cuidados en el estado. Lo nuevo de la propuesta es que plantea incluir en la Constitución local una figura específica para los municipios indígenas y afromexicanos, y establecer por ley que el cuidado de personas dependientes sea una responsabilidad compartida y reconocida por el Estado.
La legisladora explicó que la primera iniciativa propone agregar un apartado a la Constitución estatal llamado “Régimen de Municipios Indígenas y Afromexicanos”. Con ello se busca que estos municipios sean reconocidos formalmente, se respete su autonomía y se protejan sus formas propias de organización, gobierno y toma de decisiones, así como su identidad cultural.
La segunda iniciativa corresponde a la creación de la Ley del Sistema Público de Cuidados del Estado de Guerrero. Esta propuesta plantea que el cuidado —de personas adultas mayores, con discapacidad, enfermas o menores de edad— sea reconocido como un derecho humano y no solo como una tarea familiar.
Apolinar Santiago señaló que actualmente el trabajo de cuidados no tiene reconocimiento legal ni económico y recae principalmente en las mujeres, quienes muchas veces no tienen acceso a empleos formales ni a seguridad social. Con el nuevo sistema, se busca repartir esa responsabilidad entre el Estado, los municipios, las comunidades y las familias, además de crear apoyos y servicios para quienes cuidan y para quienes necesitan ser cuidados.
La diputada indicó que las iniciativas pretenden atender una deuda histórica tanto con los pueblos indígenas y afromexicanos como con las mujeres que han sostenido estas tareas sin respaldo institucional. Añadió que el objetivo es convertir los derechos en acciones concretas que impacten la vida cotidiana de las comunidades.
Las propuestas fueron turnadas a comisiones del Congreso para su análisis: la reforma constitucional a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, y la del Sistema Público de Cuidados a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.
