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Chilpancingo, Guerrero. — La diputada María del Pilar Vadillo Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó ante el Congreso local una iniciativa de Ley de Apoyo Alimentario para las Personas en Pobreza Extrema del Estado de Guerrero, con el propósito de garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, principalmente para los sectores más vulnerables.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que la carencia alimentaria continúa afectando a miles de familias en zonas rurales, urbanas y marginadas, impactando directamente en la salud, el desarrollo físico y el rendimiento escolar de niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Guerrero mantiene uno de los índices más altos de pobreza en el país, con un 60 por ciento de su población en esa condición y más del 23 por ciento en pobreza extrema, sin recursos suficientes para cubrir una alimentación básica.
La iniciativa plantea la creación de un Programa de Apoyo Alimentario de carácter permanente, administrado por la Secretaría de Bienestar estatal, que operaría en los 85 municipios de Guerrero. Este programa incluiría la instalación de comedores comunitarios, convenios con restaurantes afiliados y la entrega de despensas mediante vales físicos o electrónicos, con el objetivo de garantizar que los apoyos lleguen directamente a los hogares necesitados.
Asimismo, se propone la conformación de un Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación encargado de supervisar la correcta operación, la transparencia en el uso de los recursos y el cumplimiento de los criterios de selección de beneficiarios. La propuesta también establece que el presupuesto del programa no podrá reducirse en ejercicios fiscales posteriores, asegurando su continuidad.
Vadillo Ruiz destacó que la propuesta se sustenta en los principios de equidad, solidaridad y justicia social, en concordancia con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social para su análisis y dictaminación.
