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Acapulco, Guerrero.— La alcaldesa Abelina López Rodríguez afirmó que la evaluación de programas públicos no responde a decisiones discrecionales del gobierno municipal, sino a obligaciones establecidas en la legislación federal en materia de desarrollo social.
Durante la presentación del Programa Anual de Evaluación correspondiente a marzo de 2026, la presidenta municipal explicó que la Ley General de Desarrollo Social establece que las políticas de desarrollo social deben evaluarse periódicamente para conocer su impacto y mejorar su funcionamiento.
La alcaldesa citó los artículos 72 al 78 de esa normativa, los cuales señalan que las evaluaciones deben realizarse con criterios de objetividad, transparencia e independencia, además de utilizar indicadores de resultados. También indicó que la ley establece que los resultados deben hacerse públicos como parte de los mecanismos de transparencia en el uso de recursos públicos.
Uno de los aspectos que destacó fue que la legislación establece que las dependencias que ejecutan programas no deben ser las mismas que los evalúen, con el objetivo de evitar conflictos de interés. Según explicó, esa disposición busca garantizar que los diagnósticos reflejen con mayor claridad el desempeño real de las políticas públicas.
En ese contexto, el gobierno municipal presentó un esquema de evaluación externa para revisar el diseño de diez programas públicos del Ayuntamiento, ejercicio que será realizado por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, adscrito a la Universidad Autónoma de Guerrero.
De acuerdo con lo expuesto durante el acto, el proceso analizará la forma en que fueron diseñados los programas, con el objetivo de determinar si sus objetivos, población objetivo e indicadores corresponden a los problemas públicos que buscan atender.
Entre los programas incluidos en esta revisión se encuentran acciones relacionadas con protección al medio ambiente, modernización de infraestructura para agua potable, drenaje y alcantarillado, manejo de residuos sólidos, desarrollo humano, seguridad pública preventiva, gestión integral de riesgos, anticorrupción, contraloría social e igualdad entre mujeres y hombres.
La alcaldesa señaló que este tipo de evaluaciones permite revisar el funcionamiento de las políticas públicas con base en diagnósticos técnicos y datos verificables, con el propósito de mejorar su diseño y fortalecer su impacto en la población.
Finalmente, López Rodríguez reconoció la participación de instituciones académicas en este proceso, al considerar que la colaboración entre gobierno y academia puede aportar análisis técnicos para mejorar la planeación y ejecución de programas públicos.
