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Editorial
El proceso legislativo contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, presenta algunos elementos que recuerdan al desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. Ambos casos, con claras diferencias, han puesto en el centro el uso de procedimientos legales en medio de tensiones políticas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui García, aseguró que las solicitudes de juicio político y revocación de mandato serán atendidas “conforme a derecho” y sin influencias partidistas. “Hay toda la intención de nuestra parte de transitar conforme a derecho, tenemos que ser muy congruentes y muy responsables para no caer precisamente en estos temas políticos”, declaró en entrevista.
La alcaldesa enfrenta una solicitud de juicio político presentada por dos ex trabajadores del Ayuntamiento, quienes afirman que no se les ha pagado un laudo laboral desde 2006. Además, el exregidor Ramiro Solorio - ex candidato a la alcaldía derrotado dos veces por López Rodríguez - promovió una solicitud de revocación de mandato por “incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”. Ambas solicitudes están ya en revisión por la Comisión de Examen Previo del Congreso local.
Urióstegui subrayó que el Congreso debe actuar con responsabilidad y evitar que estos temas se conviertan en instrumentos políticos.
La comparación con el desafuero de López Obrador resulta es inevitable. En 2004, la entonces Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Diputados retirarle el fuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal por una supuesta desobediencia a una orden judicial relacionada con un predio. El Congreso federal aprobó el desafuero, pero el caso no prosperó judicialmente y fue cerrado meses después. El tema generó una gran movilización ciudadana y fue interpretado por muchos como un intento de frenar sus aspiraciones presidenciales.
El caso de Abelina López comparte la presencia de acusaciones legales en un contexto político tenso y el cuestionamiento público sobre si se está actuando con imparcialidad; además, con las elecciones gubernamentales de 2027 cada vez más cerca, y con la alcaldesa siendo una de las cartas más fuertes que puede ofrecer Morena.
El diputado Carlos Bello Solano, representante del distrito 07 de Acapulco, dijo que “no ve la necesidad” de promover una revocación de mandato y recordó que para que proceda debe haber una recolección de firmas y la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. “Me consta que la presidenta iba a todas las sesiones de Mesa de Seguridad, puedo dar constancia como testigo”, añadió.
