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Ciudad de México.- Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Andrés Manuel López Beltrán y el llamado huachicol fiscal abrieron una discusión jurídica sobre los límites del Poder Ejecutivo. La Presidenta sostuvo que el hijo de López Obrador no está relacionado con ese caso y calificó los señalamientos como parte de una disputa política.
Sin embargo, abogados constitucionalistas cuestionaron que desde la Presidencia se pueda descartar la responsabilidad penal de una persona cuando no existe una resolución judicial.
La investigación tiene sus límites
El abogado Rafael Estrada Michel señaló que la Presidenta no tiene funciones de Ministerio Público ni puede asumir atribuciones propias de un juez. La investigación de posibles delitos corresponde a las autoridades encargadas de procuración de justicia y la determinación de responsabilidad penal queda en manos de los tribunales.
El especialista también puso en duda que la Fiscalía General de la República adelante conclusiones sobre la inocencia de una persona cuando una investigación requiere reunir elementos que permitan establecer qué ocurrió.
Presunción no es exoneración
Francisco Burgoa Perea, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que el debate no gira en torno a la presunción de inocencia, sino a quién tiene facultades para establecer si existen responsabilidades penales.
La Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y también contempla la división de poderes. Bajo ese marco, los especialistas consideran que una declaración presidencial no puede sustituir el trabajo de la Fiscalía ni una decisión judicial.
Javier Martín Reyes coincidió en que jurídicamente la Presidenta no puede exonerar a López Beltrán. Añadió que los señalamientos deben ser revisados por la autoridad competente y no resueltos desde el Ejecutivo.
