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Ciudad de México.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, así como empresas proveedoras, por presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones.
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó a la Cámara de Diputados que las denuncias incluyen posibles delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, entre las personas involucradas estaría la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, así como el contratista Alfredo Hernández Casillas. El documento oficial del OIC no hizo públicos los nombres de todos los denunciados.
Citan a ocho funcionarios y exfuncionarios
Además de las denuncias penales, el órgano de control emplazó a ocho personas servidoras y exservidoras públicas y a una empresa para comparecer en procedimientos de responsabilidad administrativa por posibles faltas graves.
Los expedientes podrían ser remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que determine las responsabilidades correspondientes.
Las investigaciones se relacionan con contratos electorales y la presunta concentración de adjudicaciones en empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. De acuerdo con reportes periodísticos, cinco compañías relacionadas habrían recibido contratos por más de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Sheinbaum pide sanear el organismo electoral
El caso también provocó pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien sostuvo que el INE debe transparentar sus contrataciones y revisar los mecanismos de asignación de recursos.
La mandataria afirmó que las autoridades fiscalizadoras y ministeriales deberán determinar si Guadalupe Taddei y otros funcionarios tienen responsabilidades. También señaló que los actuales consejeros electorales deben garantizar que las próximas contrataciones sean transparentes.
Por su parte, el partido Somos, relacionado con el exconsejero presidente Lorenzo Córdova, rechazó los señalamientos de la mandataria y anunció que prepara acciones legales por presunta difamación y daño moral.
Las seis denuncias representan el inicio de procedimientos de investigación penal; hasta ahora no constituyen una sentencia ni una declaración de culpabilidad contra las personas señaladas.
