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Por: Eduardo Serna.
La plata mexicana es símbolo de siglos de saqueo colonial, disfrazado ahora por el necrocapitalismo ejercido por la industria minera y perpetuado por el modelo extractivista neoliberal. Para entender al crimen organizado en nuestro país más allá de los narcóticos, es necesario analizar esta industria que se mueve en la sombra, y que ha provocado desplazamientos forzados, robo de territorio, asesinato de activistas y defensores indígenas de la tierra. México ocupa el primer lugar de producción de uno de los metales más valiosos en la bolsa de valores, cosa que no se ve reflejada en la economía interna del país. Analicemos datos duros de esta industria extractiva que avanza al callado ritmo de “plata o plomo”.
La paradoja de la plata mexicana
México es el primer productor mundial de plata desde hace más de una década. Produce alrededor de 6,200 toneladas anuales, lo que representa 23% de la producción global. Los principales estados productores son Zacatecas, Chihuahua y Durango. Sin embargo, esta riqueza no se traduce en bienestar; a pesar de la abundancia mineral, la pobreza persiste. ¿Por qué?
La industria está dominada por grandes corporaciones extranjeras; las ganancias se fugan del mercado nacional para robustecer economías del norte global. La actividad es altamente mecanizada y genera pocos empleos.
El sistema de fiscalización es débil y está orientado a condonar impuestos, lo que limita la captación de ingresos para el gasto social. Esta actividad extractiva ocasiona desastres ambientales y repercusiones graves en la salud de la población.
El costo humano y defensores asesinados
Entre 2000 y 2024, 278 líderes comunales y defensores de la tierra fueron asesinados. Solo en 2023, 25 activistas ambientales perdieron la vida, un aumento del 25% respecto al año anterior. Además, 93 defensores fueron desaparecidos entre 2006 y agosto de 2023. El 67% de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas.
Los datos actualizados confirman esta tendencia mortal. México se mantiene como el cuarto país más letal a nivel mundial para defensores ambientales. La impunidad es casi total, cerca del 99% de los casos no se resuelven. Detrás de esta violencia se encuentra una triangulación responsable, la alianza entre la industria minera, el Estado y grupos criminales. Estos últimos actúan como policías privados para las mineras, garantizando el desplazamiento forzado y la eliminación de opositores.
Casos paradigmáticos de la industria extractiva
• Torex Gold Resources en el estado de Guerrero: Proyecto Media Luna, con una inversión proyectada de 750 millones de dólares. Se documentan 4 asesinatos y 1 desaparición entre 2019 y 2022, y el desplazamiento de 170 familias en 2014.
• BlackfireExploration en Chiapas: Mina La Revancha, concesionada a la empresa canadiense. El defensor Mariano Abarca Roblero fue asesinado en 2009 por oponerse al proyecto. Para 2023, el crimen organizado había tomado control total del territorio.
Desplazamientos forzados masivos
Guerrero se presenta como el segundo estado con mayor desplazamiento: más de 6,000 personas; el 44% de los casos nacionales de desplazamiento por violencia en 2019 ocurrieron en Guerrero. Mientras, en Chicomuselo, Chiapas, 2,300 personas fueron desplazadas entre 2023 y 2024. La magnitud de esta crisis humanitaria es tal que en Chiapas el desplazamiento forzado aumentó un 358% entre 2019 y 2023.
No es casualidad que los estados más afectados sean los más pobres y con mayor índice de violencia. Detrás de este despojo se encuentra la triada minero-criminal-estatal, donde el Estado mexicano ha sido identificado como participante en el 65.9% de las agresiones contra defensores, seguido por empresas privadas (26.5%) y la delincuencia organizada (18%).
Contaminación y salud pública
En Carrizalillo, Guerrero, se registraron 55 muertes por metales pesados en menos de un año, 17 de ellas menores de edad. El 66% de la población presenta problemas de salud vinculados a la minería. Las familias gastan parte de sus ingresos anuales en agua embotellada, para no tomar agua contaminada.
Conexiones con el crimen organizado
Organizaciones criminales como Guerreros Unidos, Los Ardillos, MAIZ, CJNG y el Cártel de Sinaloa controlan territorios mineros. Sus funciones incluyen el cobro de derecho de piso; estos brazos armados se encargan de los desplazamientos forzados, a través del terror y el despojo, haciendo el trabajo sucio para las mineras, así como la eliminación de opositores, activistas y periodistas que denuncian.
La minería se ha convertido en un negocio más lucrativo que el narcotráfico para los grupos criminales. Mientras el mercado ilícito de drogas genera unos 25 mil millones de dólares anuales, el comercio de metales legales e ilegales supera los 200 mil millones de dólares. Esto explica por qué la organizaciones como el CJNG controlan al menos 19 explotaciones mineras en el país.
Tal es el caso del tráfico de minerales estratégicos, como uranio y mercurio, que se ha documentado a través de la ruta del uranio ilegal en Guerrero por el Puerto Lázaro Cárdenas o Colima, para embarcaciones de origen chino. Al ser tráfico ilegal de minerales, se generan altos índices de violencia.
México vive una paradoja extractivista, mientras genera inmensas riquezas minerales, estas benefician principalmente a corporaciones extranjeras y a sus brazos armados representados por el crimen organizado, dejando a su paso pobreza, violencia y un alto costo en vidas humanas.
La triada minero-criminal-estatal representa una forma contemporánea de corrupción e impunidad en detrimento de la sociedad y el medio ambiente. Urgen sanciones específicas contra empresas mineras extranjeras, que se cancelen concesiones y se cobren impuestos más elevados, señalar la corrupción de autoridades mexicanas y el castigo a grupos criminales. La plata que brilla en los mercados globales está manchada de sangre y despojo. Debería evaluarse casos como el de Burkina Faso y la nacionalización de sus minerales preciosos, porque esto también es defender la soberanía y los recursos del país. Como siempre, lo invito a reflexionar y tomar acción.
