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Ciudad de México.- La iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, propone que la persona titular del Ejecutivo pueda promover el voto a su favor en un proceso de revocación de mandato.
El documento plantea modificar el artículo 35 constitucional para establecer que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. Con esto, el Ejecutivo federal tendría la posibilidad de participar activamente en la promoción del ejercicio.
Actualmente, la revocación de mandato está diseñada como un mecanismo ciudadano con restricciones a la intervención del gobierno en su difusión. La nueva redacción mantiene algunas prohibiciones, pero abre la puerta a que la propia Presidenta participe en la narrativa pública del proceso.
La iniciativa también propone cambiar los tiempos del ejercicio. De aprobarse, la revocación podría realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, cuando hoy solo está prevista para el cuarto año. Además, se plantea que la jornada se lleve a cabo el primer domingo de junio.
En materia de propaganda, el proyecto reduce el periodo en el que se debe suspender la difusión gubernamental. Actualmente, la restricción abarca desde la convocatoria hasta la conclusión del proceso; con la reforma, se limitaría a los 60 días previos a la votación.
Aun con estos cambios, el texto mantiene la prohibición del uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como la contratación de propaganda y el uso de tiempos oficiales con fines de promoción. Sin embargo, la posibilidad de que el Ejecutivo difunda el proceso introduce un cambio en el diseño del mecanismo.
La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas en materia electoral que fue enviado al Senado luego de que una primera propuesta no avanzara en la Cámara de Diputados.
Entre otros puntos, el Plan B contempla recortes a sueldos de funcionarios electorales, límites a prestaciones como seguros y bonos, y ajustes en la integración de ayuntamientos, con reducción en el número de regidurías.
También plantea establecer un tope al presupuesto de los congresos locales, que no podrá superar el 0.70% del presupuesto estatal, así como eliminar la reelección inmediata de diputaciones locales.
El proyecto mantiene la prohibición de que funcionarios ganen más que la persona titular del Ejecutivo y propone eliminar beneficios adicionales como seguros de gastos médicos o pensiones privadas.
La iniciativa será analizada en el Senado, donde se definirá si estos cambios se incorporan al marco constitucional y legal del sistema electoral.
