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Ciudad de México.- Desde Palacio Nacional, el gobierno federal presentó este domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una nueva estrategia de seguridad y desarrollo anunciada apenas una semana después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
El acto estuvo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el plan es “integral” y busca atacar las causas de la violencia. Sin embargo, el anuncio reavivó la exigencia de la sociedad michoacana: menos promesas y más resultados.
Despliegue militar y promesas conocidas
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reiteró que el gobierno mantiene un “compromiso firme” con la seguridad en Michoacán, mientras que el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, anunció el despliegue de más de 10 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional dentro del llamado Operativo Paricutín.
Según Trevilla, el objetivo es “sellar el estado” para impedir el tránsito de grupos criminales. Sin embargo, los anuncios de refuerzos militares en Michoacán se han repetido sexenio tras sexenio, sin que se traduzcan en una reducción sostenida de la violencia.
Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló operaciones específicas en los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde el crimen organizado mantiene presencia en actividades portuarias y mineras.
Promesas de desarrollo… otra vez
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el plan contempla 12 ejes que combinan seguridad, desarrollo y bienestar. Prometió presencia “casa por casa y municipio por municipio”, una fórmula que recuerda a los programas de proximidad social de administraciones anteriores.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció inversiones y nuevos polos de desarrollo, incluyendo un proyecto agroindustrial en Uruapan, además de acelerar el Polo del Bajío. Sin embargo, no se precisaron plazos ni metas de inversión privada confirmada.
La presidenta Sheinbaum afirmó que el plan implicará una inversión de 57 mil millones de pesos y que los avances se informarán mensualmente. “La seguridad se construye con justicia y bienestar”, dijo. Pero hasta ahora, los detalles operativos y los indicadores de éxito no han sido transparentados.
“Michoacán tiene memoria”
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla admitió que el estado “sigue de duelo” por el asesinato de Manzo y calificó las protestas ciudadanas como un “grito legítimo de dolor”.
“Nosotros no queremos más violencia, sino justicia y oportunidades”, dijo el mandatario, quien reconoció que Michoacán “ha sufrido las estrategias más sangrientas sin que cambie la realidad”.
La ciudadanía, sin embargo, mantiene dudas. En entrevista con Aristegui en Vivo, Miriam Paola Pacheco Hernández, presidenta de Canacintra Uruapan, exigió resultados concretos:
“Lo que pedimos es seguridad en las carreteras, freno a la extorsión y justicia por el asesinato del alcalde. No más planes que se quedan en papel.”
Entre la esperanza y el escepticismo
El Plan Michoacán llega tras años de estrategias fallidas —desde el Acuerdo por la Seguridad de Calderón hasta el Plan de Apoyo a Michoacán de López Obrador— que dejaron una constante: más presencia militar y menos control territorial.
A pesar de los nuevos anuncios, no se presentaron metas claras, calendarios de ejecución ni mecanismos de evaluación pública.
El gobierno federal promete seguimiento cada 15 días y rendición de cuentas en las conferencias matutinas. Pero en Michoacán, donde la violencia ha sobrevivido a todos los planes y presidentes, el mensaje ciudadano es contundente: no más discursos, queremos resultados.
