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Ciudad de México.— A casi cinco meses de que el gobierno federal lanzara su estrategia nacional contra la extorsión, las cifras presentadas este martes por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, exhiben tanto los avances parciales como las limitaciones profundas del sistema penitenciario mexicano, donde la delincuencia continúa operando con impunidad tras las rejas.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario informó que 12 centros penitenciarios concentran 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión en el número 089, mecanismo habilitado para reportar llamadas de amenazas o cobros ilegales.
En total, dijo, se han detectado 2 mil 389 números telefónicos asociados a intentos de extorsión; de éstos, solo 33 por ciento han sido bloqueados. La cifra, aunque presentada como un logro, revela que dos de cada tres líneas identificadas siguen activas o en proceso de rastreo, lo que plantea dudas sobre la eficacia técnica y jurídica del programa.
Promesas tecnológicas frente a un sistema colapsado
García Harfuch destacó el bloqueo de antenas de comunicación en torno a los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas, así como la suspensión total de los servicios 3G y 4G alrededor del penal de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México.
El funcionario afirmó que estas acciones forman parte de un plan para “cerrar la señal” que permite a reclusos extorsionar a la ciudadanía desde el interior de los penales. No obstante, la experiencia de los últimos sexenios muestra que este tipo de medidas son temporales y fácilmente evadidas, pues los internos logran comunicarse mediante teléfonos satelitales, líneas clonadas o aparatos ingresados con complicidad de custodios.
“Los bloqueos tecnológicos no sustituyen la intervención estructural del sistema penitenciario”, señaló un exfuncionario del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social consultado por Proceso. “Si no se desmantelan las redes de complicidad entre custodios, internos y autoridades locales, cualquier antena bloqueada se vuelve irrelevante en semanas”.
Revisión o simulacro
Según el reporte oficial, desde julio se han efectuado 730 inspecciones en los 275 centros penitenciarios del país, además de 4 mil 608 revisiones en los penales federales de máxima seguridad, donde se aseguraron teléfonos, chips, drogas y armas.
A pesar de ello, las propias cifras confirman que las cárceles siguen siendo el epicentro de la extorsión, y que los decomisos no han impedido que los internos continúen operando esquemas delictivos desde su interior.
Las revisiones periódicas, que históricamente se anuncian como “operativos de control”, suelen consistir en cateos mediáticos con poco seguimiento penal. La corrupción interna y el hacinamiento —problemas estructurales ignorados en el informe— siguen alimentando la capacidad de los reclusos para coordinar delitos en el exterior.
Una narrativa de éxito con cifras cuestionables
El titular de la SSPC aseguró que gracias a las denuncias al 089, el 75 por ciento de las extorsiones “no se consumaron”, mientras que el 10 por ciento —unas 8 mil 682 llamadas— sí derivaron en un delito.
Sin embargo, el gobierno no explicó el criterio para clasificar una extorsión frustrada ni el método de verificación de los casos reportados, lo que impide contrastar la efectividad real del sistema. Tampoco se detalló cuántas de las 2 mil 929 carpetas de investigación abiertas derivaron en sentencias o vinculaciones a proceso.
El discurso oficial subraya los avances tecnológicos —bloqueos, rastreos, centros de atención—, pero omite los fracasos institucionales: solo 478 personas han sido detenidas por extorsión, en un país donde el número de víctimas supera las 300 mil cada año, según estimaciones de la ENVIPE del INEGI.
Herencia del fracaso penitenciario
Aunque el gobierno de Sheinbaum busca marcar distancia con el modelo de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, los problemas que se exhiben hoy son los mismos que ninguna administración ha logrado resolver: penales convertidos en centros de operación criminal, ausencia de inteligencia carcelaria y complicidad institucional.
En ese contexto, el anuncio de García Harfuch —más que una rendición de cuentas— parece una operación discursiva para sostener la narrativa del control, pese a que los números revelan lo contrario: las cárceles mexicanas siguen siendo, en los hechos, el corazón de la delincuencia organizada.
