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Ciudad de México.– El Poder Judicial de la Federación enfrenta este jueves un paro nacional convocado por el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores, que mantiene en vilo a tribunales y juzgados de todo el país. Desde primeras horas de la mañana, empleados cerraron accesos a sedes clave, incluyendo el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Palacio de Justicia de San Lázaro y el Edificio Prisma, dejando al descubierto la fragilidad de la infraestructura judicial ante la falta de inversión y gestión.
El líder sindical, Jorge Alberto Prado, advirtió que la medida no es un capricho, sino “una respuesta a la precariedad, los despidos masivos y la carencia de insumos básicos que impiden cumplir con nuestras labores”. En un video difundido a los trabajadores, llamó a suspender actividades: “Suspendemos labores de brazos caídos”, dijo, mientras enfatizaba que la protesta busca proteger a las familias afectadas por las políticas de austeridad y recortes en el sistema judicial.
Entre los problemas denunciados destacan la escasez de papelería, impresoras, agua potable y comedores, así como la eliminación de plazas laborales que, según los trabajadores, pone en riesgo la operación cotidiana de los tribunales y compromete el acceso a la justicia.
El sindicato planteó cuatro exigencias principales: el cese inmediato de despidos, la reposición de las plazas eliminadas, el cumplimiento del incremento salarial anual y el pago retroactivo de aumentos pendientes.
A pesar del paro, Prado aclaró que los servicios de guardia permanecerán activos para casos de urgencia, como amparos o promociones críticas, aunque advirtió que la medida se mantendrá hasta obtener respuestas concretas.
El paro nacional evidencia un Poder Judicial tensionado, donde la administración y los trabajadores se enfrentan en un choque de prioridades: mientras la institución busca operar con restricciones presupuestales, quienes la mantienen en funcionamiento denuncian que estas medidas afectan no solo su trabajo, sino la capacidad del sistema para garantizar justicia en todo el país.
El conflicto plantea una pregunta inevitable: ¿puede sostenerse un sistema judicial que depende de la voluntad administrativa para garantizar recursos básicos, mientras quienes lo operan enfrentan despidos y precariedad laboral? La respuesta parece suspendida junto con las puertas cerradas de los tribunales este jueves.
