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Panorama político interno México 2026 | INFORME PENINSULAR

Hay estados con gobiernos pésimos por mal manejo de los recursos, así como prácticas despóticas que nada tienen que ver con el humanismo mexicano.

Presidenta y gobernadores de Morena.

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Por: Eduardo Serna


¿Qué sucede cuando impermeabilizas mal un techo? Para quienes están familiarizados con el mantenimiento y la arquitectura, esto se traduce en tiempo, dinero y trabajo tirados a la basura, sin solucionar, además, el problema. No, apreciable lector, esta columna de opinión no ha dado un giro radical para hablar de cuestiones de buenas prácticas en la construcción. Es más una analogía, muy útil para ilustrar el accionar de gobiernos estatales puestos por Morena: estados a los que solamente les “echaron una manita de pintura guinda” para tapar todo el “moho y la corrosión” (para seguir con las analogías del “arqui”).

 El año, iniciado implacable, este 2026 no da tregua: terremotos, invasiones, secuestros, amenazas y el genocidio que continúa sistemáticamente sin que nadie pueda parar a la máquina carnicera del sionismo. Pero mientras el mundo se incendia desde el sur y se narcotiza en el norte, en México iniciamos la ruta hacia el Mundial de fútbol y hacia las elecciones de 2027. Con tanto ruido, debemos parar un poco y preguntarnos: ¿cuál es el panorama interno y qué nos espera? Es momento de hacer un análisis.

 Esto debe preocupar a la cúpula partidista y al gobierno federal, especialmente porque el próximo año es electoral. Si hay pretensiones de continuidad, se debe poner especial atención en las candidaturas; la plataforma electoral de Morena ha colocado a una serie de políticos que, francamente, dejan mucho que desear. En una coyuntura geopolítica en donde todas nuestras fallas son utilizadas para amenazar la paz y la soberanía del país, esto además da pie a los medios y políticos golpistas para hacer peticiones descabelladas de injerencia al psicótico presidente del vecino del norte.

 Es evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) cuenta con la mayoría del apoyo de la población mexicana; en las últimas encuestas, su aprobación está por arriba del 60% o 70% (dependiendo de la encuestadora). Pero el panorama cambia cuando vamos estado por estado: es aquí donde la gestión de los estatales deja ver una serie de carencias graves, poca pericia y, sobre todo, la continuidad de las corruptelas arraigadas en estados y municipios. Hay estados con gobiernos pésimos y, a continuación, vamos a mencionar los peores casos, y conste que no todo tiene que ver con inseguridad; se trata del mal manejo de los recursos, así como prácticas despóticas que nada tienen que ver con el humanismo mexicano.

 México ocupó en 2024 el puesto 140 de 180 países del Índice de Percepción de corrupción, lo cual no significa que sea cierto, ya que hablamos de percepción, pero ante un panorama electoral esto debería ser tomado en cuenta. Este dato marca su peor nivel histórico desde que se tiene registro. Es sabido que hay una campaña permanente contra el gobierno federal, esto claramente se refleja en la percepción, esto debería ser tomado muy en cuenta por el gobierno de cara a las elecciones del 2027.

 El nepotismo en los gobiernos estatales de Morena ha alcanzado niveles que incluso han señalado los propios correligionarios. La frustrada ley contra el nepotismo, que debió entrar en vigor en 2025 pero fue pospuesta hasta 2030, dejó al descubierto las luchas de poder internas y la debilidad de la propia cúpula partidista para contener estas prácticas.

Funcionarios del mismo partido han desdeñado públicamente los “candados antinepotismo” cuando afectan sus intereses familiares. Las redes criminales y el nepotismo emergen como síntomas de una descomposición acelerada de ciertos sectores del partido en el poder. Esta situación resulta especialmente grave cuando precisamente la promesa fundacional del movimiento era romper con las prácticas del viejo régimen priista.

 Los datos del INEGI y Coneval para 2025 revelan un panorama heterogéneo en materia de pobreza: mientras estados como Baja California Sur apenas registran un 10.2% de pobreza y Baja California un 9.9%, entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz continúan concentrando los mayores índices de marginación. Más de 38.5 millones de mexicanas permanecían en situación de pobreza multidimensional en 2025, de los cuales 7 millones viven en pobreza extrema. Esto quiere decir que no se han logrado reducir las desigualdades regionales de manera significativa, o que las gestiones estatales presentan graves deficiencias en materia de combate a la pobreza y la gestión de los recursos destinados a reducirla. El año 2025 marcó una contención moderada en la escalada de la pobreza por ingresos, según el INEGI, pero las sombras que acechan en 2026 incluyen la posible reversión de estos avances ante la incertidumbre económica y la reducción de programas sociales y pone en riesgo la continuidad electoral.

 La relación entre gobiernos de Morena, periodistas y, en algunos casos extremos, la misma opinión del ciudadano, ha derivado en una crisis de transparencia y censura legalizada que se agudiza en los estados. Durante 2025 se documentaron múltiples casos de violencia contra comunicadores que intentaban reportar irregularidades en administraciones guindas, desde amenazas directas hasta criminalización de la labor periodística.

Los casos de censura estatal emergen particularmente en entidades como Puebla y Campeche, sobre todo cuando se intenta transparentar el manejo de recursos públicos. Esta situación representa una contradicción fundamental con los principios de democratización que sostiene el proyecto de la 4T, pues callar las voces críticas no es más que reproducir las prácticas autoritarias que se prometió erradicar.

 En 2025 se identificó al menos una decena de gobernadores en la mira por acusaciones de corrupción, posibles nexos con el crimen organizado, abuso de poder e impunidad; casos que se extenderán hasta 2026. Otros casos destacados incluyen a mandatarios que han utilizado recursos públicos para promocionarse políticamente, que han generado crisis institucionales por conflictos con poderes locales, o que simplemente han demostrado una incapacidad técnica para administrar entidades que requieren atención urgente en materia de seguridad, servicios básicos, desarrollo económico y daños graves a los entornos naturales; siendo estos últimos especialmente sensibles para inclinar la balanza en escenarios electorales. Estos personajes no son casos aislados; representan una tendencia preocupante que la 4T deberá revisar profundamente si es que se planea la continuidad.

Como siempre, le invito a reflexionar y tomar acción.

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