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Ciudad de México.- Cada madrugada, cientos de autobuses comerciales cruzan la frontera entre México y Guatemala cargados de pacas de ropa, fayuca y mercancía barata. Son revisiones rutinarias, revisiones rápidas. Nada que llame la atención.
Pero dentro de algunos de esos camiones —según la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024— viajaban cajas que no estaban en ninguna lista de embarque: armas de fuego ocultas entre textiles, envueltas para no despertar sospechas, escoltadas por operadores que conocían cada retén y cada ausencia de vigilancia.
Así comenzaba la ruta.
El destino final no era una casa de seguridad en los márgenes de la ciudad, sino la zona de Pino Suárez, en pleno Centro Histórico. A unos pasos del Palacio Nacional, los cargamentos se descargaban sin prisa. Nadie imaginaba que en ese punto, entre puestos, bodegas y locales de ropa, se construiría uno de los centros de abasto de armas más activos para organizaciones criminales del país.
La capital: mercado mayorista del crimen
De acuerdo con la FGR, la red abastecía a el CJNG, La Unión Tepito, La Chokiza y el Grupo Sombra de Veracruz, organizaciones que encontraban en la Ciudad de México una plaza segura para comprar sin ruido.
El sistema era simple:
- entrega presencial para los clientes más grandes;
- catálogo digital a través de WhatsApp, administrado por un operador conocido como “Kevin”, que se volvió un nodo de venta y promoción del arsenal.
Los mensajes eran directos, casi de mayoreo. La FGR documentó intercambios donde se ofrecían lotes completos, piezas importadas y armas listas para distribuir en células de distintos estados.
Las empresas que no eran lo que decían ser
El tráfico de armas necesitaba algo más que transporte: requería estructura. Y esa estructura llegó envuelta en razón social.
Jacobo Reyes León, alias “Yaicob” o “El Lic”, encabezaba un grupo de empresas de seguridad privada, como Valvón Servicios Integrales, que servían como fachada. Oficinas legítimas, contratos reales, uniformes y vehículos rotulados permitían mover recursos, guardar cargamentos y justificar flujos financieros sin levantar sospechas.
A su lado operaba Jorge Enrique Alberts Ponce (“Yoryi”), empresario con vínculos en los sectores energético e inmobiliario. Sus compañías —como Acurgen y Seicsa— le daban acceso a contratos públicos y operaciones donde, según la investigación, se enmascaraba parte del dinero que sostenía la red.
Infiltrar a quienes investigan
La parte más inquietante del expediente no describe armas, sino acceso.
La organización no solo movía mercancía: movía voluntades dentro de la institución encargada de perseguirla.
Los documentos describen pagos de 120 mil a 2 millones de pesos entregados de forma periódica a funcionarios de la FEMDO, la fiscalía encargada de combatir la delincuencia organizada.
El intermediario era siempre el mismo: Jacobo Reyes León, quien recibía el dinero, lo entregaba y obtenía a cambio copias de carpetas, información confidencial y alertas internas sobre cateos y operativos.
Entre los funcionarios señalados:
- Mari Carmen Ramírez Rodríguez, “La Fiscal”, hoy detenida y vinculada a proceso;
- Diego Adrián Mendoza Pérez, agente ministerial.
Ellos, según el expediente, permitieron que la red supiera cuándo moverse, cuándo esconderse y de qué manera borrar rastros clave.
La infiltración llegó incluso al ámbito judicial: la jueza Elizabeth Muzquiz Pineda aparece señalada por presuntas intervenciones favorables a la organización.
La figura de Raúl Rocha Cantú
En medio de la red aparece un nombre que se repite en testimonios, transferencias y comunicaciones: Raúl Rocha Cantú.
La FGR lo identifica como financista principal, un operador con capital suficiente para sostener la logística del tráfico de armas y la importación de hidrocarburos robados. Testimonios lo vinculan presuntamente con el Cártel del Golfo, aunque su función habría sido más corporativa que operativa: poner dinero, abrir puertas y facilitar rutas.
Su círculo incluía perfiles técnicos como Daniel Roldán Morales (“El Inge”), operadores de combustibles como Sergio Hurtado Perea, enlaces de protección policial como Paul Manrique Miranda, y administradores logísticos como Alejandro Jacob Álvarez Arriaga.
Eran más de una docena de personas, cada una con un rol específico: almacenamiento, transporte, finanzas, protección institucional y distribución.
Las sombras en Querétaro y los patios del huachicol
La investigación detalla patios logísticos como “La Espuela”, en Querétaro, donde se movían tanto armas como hidrocarburos. Estaciones de servicio controladas por la red y empresas de seguridad que protegían físicamente los cargamentos completaban el mapa.
La estructura era simultáneamente vertical —con jerarquías claras— y flexible —capaz de adaptarse a rutas y operativos—, un diseño más cercano a un corporativo que a una célula criminal tradicional.
El colapso y el criterio de oportunidad
El 15 de noviembre de 2025, la FGR emitió órdenes de aprehensión contra trece personas. Solo una funcionaria había sido detenida al cierre del expediente.
En el caso de Rocha Cantú, ocurrió lo inesperado:
se acogió a un criterio de oportunidad y pasó de señalado a testigo colaborador.
Hoy, su testimonio es una pieza central para entender cómo una red pudo mover armas desde Centroamérica hasta el corazón de la capital mexicana, infiltrando a investigadores, jueces y policías, construyendo una autopista invisible que corrió durante años debajo de las narices del Estado.
