Tabla de contenido
Chihuahua, Chihuahua.— La Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua pidió a los gobiernos federal, estatal y municipal fortalecer su coordinación para atender a las personas que han tenido que abandonar sus comunidades a causa de la violencia.
En una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora María Eugenia Campos, las organizaciones plantearon la creación de un “Plan Chihuahua”, con mesas de trabajo interinstitucionales y participación de municipios, colectivos y organizaciones civiles que acompañan a las víctimas.
Misión documentó a 200 personas desplazadas
La petición se suma a una misión realizada en mayo de 2026, cuando organizaciones civiles visitaron Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua para documentar la situación de alrededor de 200 personas desplazadas, principalmente provenientes de comunidades de Guadalupe y Calvo, entre ellas Atascaderos, Coloradas de la Virgen y La Sierrita. También se identificaron casos procedentes de Durango y Sinaloa.
El problema ha tenido episodios recientes de desplazamiento masivo. En febrero, al menos 80 habitantes de Atascaderos huyeron hacia Parral y Chihuahua tras hechos violentos en la región. Posteriormente, autoridades estatales acompañaron el retorno de unas 200 personas a sus comunidades en marzo.
Piden atención para comunidades desplazadas y municipios receptores
La carta plantea que la respuesta no debe limitarse a las comunidades de origen, sino considerar también a los municipios que reciben a las familias desplazadas, entre ellos Guadalupe y Calvo, Moris, Uruachi, Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua.
La Misión advierte además sobre afectaciones particularmente graves para niñas, niños y adolescentes derivadas de la falta de coordinación institucional.
El llamado ocurre mientras el propio Gobierno de Chihuahua reconoce la existencia del desplazamiento forzado y ha solicitado una mayor intervención federal en Guadalupe y Calvo. El gobierno estatal atribuye el fenómeno a disputas territoriales entre grupos del crimen organizado y reporta acciones de asistencia alimentaria, médica, psicológica, jurídica y de alojamiento para personas desplazadas.
La Misión Civil de Observación está integrada por organizaciones de derechos humanos y acompañada por Brigadas Internacionales de Paz México y ACNUR. Sus integrantes sostienen que la atención requiere coordinación entre los tres niveles de gobierno y participación directa de las comunidades afectadas.
