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Miles de personas se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para conmemorar el 11º aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. La concentración comenzó alrededor de las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia y se desplazó hacia el Zócalo capitalino, bajo la vigilancia de autoridades locales y nacionales.
La marcha fue convocada por padres y madres de los estudiantes desaparecidos, organizaciones sociales, estudiantes y colectivos de derechos humanos, quienes buscan mantener viva la exigencia de verdad y justicia en un caso marcado por irregularidades, encubrimientos y la presunta participación de fuerzas de seguridad estatales. Padres y madres de los normalistas lideraron el contingente, portando carteles con fotografías de sus hijos y marchando bajo lluvia y cielos nublados.
El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que trabajadores del Grupo de Diálogo y Convivencia acompañaron la movilización para garantizar que se desarrollara de manera pacífica y evitar incidentes que afectaran a la ciudadanía. Asimismo, personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México implementó un operativo de acompañamiento y monitoreo durante todo el recorrido.
La marcha comenzó alrededor de las 16:45 horas, recorriendo Paseo de la Reforma, Av. Juárez y concluyendo en el Zócalo, donde se instalaron vallas para proteger Palacio Nacional. Durante el trayecto, los manifestantes realizaron un pase de lista en el monumento dedicado a los 43 estudiantes desaparecidos, deteniéndose momentáneamente en distintos puntos de la ruta. Pese a la movilización, los comercios y establecimientos ubicados a lo largo del recorrido permanecieron operativos, aunque algunos reforzaron sus medidas de seguridad.
En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se realizaron cortes viales preventivos en avenidas como Morelos, Balderas y Chapultepec. El Metrobús informó de interrupciones en las líneas 3 y 4, mientras que el servicio de la red del Metro presentó retrasos en varias estaciones debido a la presencia de contingentes de manifestantes.
Simultáneamente, se realizaron movilizaciones en otras entidades del país. En Oaxaca, normalistas y activistas se manifestaron frente a la 28ª zona militar y el palacio de gobierno, con pintas en fachadas de negocios, sin que se reportaran saqueos. En Chiapas, maestros de la CNTE marcharon desde el Parque Chiaapsionate en Tuxtla Gutiérrez, colocando sillas con fotografías de los 43 desaparecidos frente al palacio de gobierno. En Michoacán, estudiantes normalistas marcharon en el centro histórico de Morelia, realizando pintas en negocios y bloqueos parciales de la circulación, mientras el Palacio de Gobierno fue blindado preventivamente.
La exigencia central de los manifestantes se centró en el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Padres de familia demandaron que el Ejército Mexicano entregue los 800 folios que mantiene en sus archivos, así como que se investigue la participación de autoridades locales y federales, incluyendo al ex gobernador y ex fiscales involucrados en el caso. También se solicitó la revisión de la telefonía celular de los estudiantes desaparecidos y la extradición de ex funcionarios implicados.
Durante la jornada, las instalaciones de la UNAM fueron sede de una asamblea interuniversitaria en solidaridad con Palestina y los 43 normalistas, con un paro estudiantil y brigadas informativas. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso del Gobierno de México para garantizar verdad y justicia, aunque condenó los actos violentos perpetrados el jueves anterior en el Campo Militar 1-A, donde un grupo encapuchado estrelló un camión de carga y arrojó artefactos incendiarios.
El Caso Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de la impunidad estructural en México. A once años de los hechos, investigaciones oficiales y peritajes independientes han documentado irregularidades, contradicciones y obstáculos en el acceso a información clave, mientras persisten vacíos en la narrativa oficial sobre la desaparición de los estudiantes. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada en 2018, mantiene abierta la revisión de responsabilidades y vínculos entre autoridades y grupos criminales.
