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La escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que con la entrada en funciones del nuevo Poder Judicial tendrá la opción de denunciar a periodistas que —según dijo— han difundido calumnias en su contra y en contra de su familia.
El pronunciamiento se dio en respuesta a un mensaje en la red social X del productor Epigmenio Ibarra, afín a Morena, quien cuestionó a comunicadores como Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio y Ciro Gómez Leyva por difundir notas que colocaban a Gutiérrez Müller y a su hijo en España. “¿A qué horas comienzan a ofrecer disculpas?”, preguntó.
…pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia.
— Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) August 18, 2025
En contestación, la académica expresó: “hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”.
Lo consideraré…
— Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) August 18, 2025
A pregunta de un usuario sobre si planea proceder legalmente, Gutiérrez Müller respondió: “Lo consideraré”.
El intercambio ocurrió después de que la historiadora difundiera una carta en sus redes sociales en la que negó residir en España y acusó al diario ABC, así como a medios mexicanos, de formar parte de lo que llamó “el hampa del periodismo” y de difundir información falsa. Señaló que tanto ella como su hijo permanecen en México y que recientemente viajó a Palenque, Chiapas, para visitar a López Obrador.
En la misma publicación, defendió la trayectoria política del exmandatario, a quien atribuyó la reducción de la pobreza y desigualdad durante su gestión, y aseguró que su familia ha sido blanco de ataques mediáticos por motivos políticos.
El contexto de estas declaraciones se da luego de la reforma constitucional aprobada en 2024 que rediseñó el sistema judicial y que está programada para entrar en vigor este año, con cambios en la integración de tribunales y la elección de jueces por voto popular.