Table of Contents
Puebla, Puebla. – En el corazón de una de las instituciones de formación más importantes del Ejército, la Escuela Militar de Sargentos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una advertencia dirigida a todos los niveles de la administración pública: el tiempo de las complicidades entre el Estado y el crimen ha terminado.
Bajo la consigna de “cero impunidad”, la mandataria aprovechó su conferencia matutina de este jueves para fijar la postura de su gobierno ante las crecientes denuncias de colusión entre autoridades locales y grupos delictivos.
El fantasma de García Luna como advertencia
La Presidenta fue incisiva al invocar el nombre del exsecretario de seguridad de la era calderonista como el ejemplo de lo que su administración busca erradicar.
“Cero impunidad a la corrupción y cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad. No queremos más Garcías Lunas, eso no”, sentenció Sheinbaum ante la cúpula militar y los medios de comunicación.
La mención no fue fortuita; ocurre en un contexto donde la estrategia de seguridad federal busca depurar las corporaciones policiales mediante la inteligencia y la coordinación, alejándose de la confrontación directa que, en el pasado, sirvió de pantalla para acuerdos bajo la mesa.
Justicia sin distinciones: "Cuello blanco" y "Organizada"
Sheinbaum Pardo amplió el espectro de la lucha contra la corrupción, señalando que la colusión no solo se da en las calles con el narcotráfico, sino también en los despachos donde se gesta la delincuencia de "cuello blanco".
Para la Presidenta, el proceso para sanear las instituciones debe seguir una ruta crítica clara:
1. Denuncia ciudadana e interna.
2. Investigación exhaustiva por parte de fiscalías.
3. Detenciones efectivas.
4. Juicios justos y transparentes.
Un mensaje a las Fuerzas Armadas
Al emitir este discurso desde una sede militar, Sheinbaum reafirma su confianza en el Ejército como pilar de la seguridad nacional, pero al mismo tiempo les impone la vara más alta de integridad. La mandataria fue clara al decir que cualquier funcionario, sin importar el rango o la fuerza a la que pertenezca, será procesado si se detecta un vínculo con la criminalidad.
Este pronunciamiento busca cerrar filas en un momento donde la presión internacional y las crisis de seguridad local exigen una respuesta de Estado unificada y libre de sospechas de corrupción.
