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Ciudad de México.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que exista una ofensiva generalizada del crimen organizado contra autoridades municipales, luego del asesinato de diez presidentes y presidentas municipales en su primer año de gobierno, entre ellos el de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, a pregunta de la reportera de BajoPalabra+mx, si existe una vulnerabilidad del Estado y si considera que el crimen organizado ha declarado la guerra a la clase política del país, Sheinbaum explicó que cada caso debe analizarse por separado y negó que exista una estrategia de violencia sistemática hacia servidores públicos. “Cada caso es diferente. No puede decirse que hay una decisión de algún grupo delictivo para atacar a autoridades. En algunos casos, lamentablemente, los hechos no tienen relación con el ejercicio del cargo”, señaló.
La mandataria confirmó que el gobierno federal brinda apoyo a los municipios y a las familias de las víctimas, y que en el caso de Uruapan se evalúan nuevos mecanismos de seguridad para autoridades locales que lo soliciten. Sobre el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Sheinbaum indicó que no hay más militares involucrados además del detenido Germán Reyes, exmilitar señalado como autor intelectual del crimen.
Asimismo, precisó que las familias de los alcaldes asesinados pueden acceder a la Ley General de Víctimas, que garantiza apoyo institucional y acompañamiento legal. “En todos los casos hay un proceso para determinar su condición de víctimas y brindarles respaldo, sea por homicidio u otras circunstancias”, explicó.
El asesinato de Manzo Rodríguez, ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos en Uruapan, ha provocado una nueva discusión pública sobre la vulnerabilidad de las autoridades municipales frente al crimen organizado. De acuerdo con registros, los diez alcaldes asesinados desde octubre de 2024 pertenecían a los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí e Hidalgo.
Sheinbaum reiteró que la prioridad de su gobierno es garantizar justicia y reducir la impunidad en todos los casos, pero insistió en que no hay evidencia de una campaña coordinada por el crimen organizado de agresiones contra figuras políticas.
