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Ciudad de México.- Con un discurso centrado en la contención del gasto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reactivó el llamado “plan B” de la reforma electoral, ahora mediante modificaciones a leyes secundarias. La ruta evita cambios constitucionales y apuesta por ajustes operativos, luego de que propuestas previas no lograran consenso en el Congreso, incluso entre fuerzas aliadas.
Recortes y límites: el eje de la propuesta
El núcleo de la iniciativa apunta a reducir el costo del sistema político. Se plantea fijar un tope de 0.70% del presupuesto estatal para congresos locales, además de una reducción de 15% en el gasto del Senado.
En el ámbito municipal, se propone limitar el número de regidores a un máximo de 15 por cabildo, con el argumento de que las configuraciones actuales —de hasta 25 integrantes en algunos casos— resultan excesivas frente a las necesidades reales de gobierno local.
Salarios bajo control
El proyecto también busca acotar las percepciones de funcionarios electorales y dirigentes partidistas. Nadie —consejeros, magistrados o líderes de partido— podría ganar más que la titular del Ejecutivo, ni acceder a prestaciones adicionales como bonos o seguros médicos privados.
La medida pretende, según el gobierno, eliminar privilegios dentro de la estructura electoral y homologar criterios salariales en el sector público.
Fiscalización reforzada
En paralelo, se endurecen los mecanismos de vigilancia sobre el financiamiento político. Todos los recursos de los partidos deberán transparentarse y podrían ser revisados, incluso con apoyo de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, para detectar posibles irregularidades o flujos ilícitos.
El Instituto Nacional Electoral mantendría facultades para solicitar este tipo de revisiones, en un intento por cerrar espacios a la opacidad.
Cambios en tiempos y procesos
La iniciativa también modifica el calendario político. La consulta de revocación de mandato se adelantaría al tercer año de gobierno, en lugar del cuarto, y el cómputo de elecciones federales iniciaría desde la llegada del primer paquete electoral.
En cuanto al Poder Judicial, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la elección se mantiene prevista para 2027, aunque con ajustes para reducir el número de candidaturas y fortalecer la revisión de perfiles.
Austeridad como argumento central
Desde la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, la iniciativa se enmarca en el principio de austeridad republicana: gastar menos en política para liberar recursos hacia infraestructura social.
El planteamiento, sin embargo, reaviva el debate sobre hasta dónde puede reducirse el costo de la democracia sin afectar su funcionamiento, una discusión que sigue abierta en el escenario político nacional.
