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Chilpancingo, Guerrero.- La reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) expone la estrecha alianza entre el rector Javier Saldaña Almazán y el partido Morena, que actúa como escudo político para garantizar su permanencia en el poder universitario.
La iniciativa, que amplía de cuatro a seis años los periodos de rector y directores y permite la reelección indefinida, fue promovida por el gobierno estatal y aprobada de manera exprés por el Consejo Universitario, sin consulta ni deliberación pública.
Jesús Urióstegui García, coordinador de Morena en el Congreso local y presidente de la Jucopo, llamó a “no politizar” la reforma y expresó “total confianza” en la Comisión de Educación, dejando en claro que el partido está dispuesto a proteger al rector más allá de cualquier irregularidad. “Hasta hoy, no tenemos elementos para determinar si la información es falsa o verdadera”, declaró, validando tácitamente el proceso opaco que denuncian académicos y estudiantes.
La diputada morenista Diana Bernabé Vega reconoció que la reforma tiene fines políticos, pero su advertencia se diluye frente al respaldo cerrado de Morena. Mientras tanto, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros insistió en que la universidad pertenece al pueblo, aunque su intervención suena hueca frente a la estrategia del partido de perpetuar a Saldaña.
El rector no se queda atrás. Rechaza críticas calificándolas de basadas en documentos “apócrifos” y despliega a su equipo para cabildear directamente en el Congreso, asegurando que la versión enviada por la gobernadora es “la misma” aprobada por el Consejo Universitario. Al mismo tiempo, intenta limpiar su imagen social con actos de beneficencia, como el envío de víveres a Veracruz, en un movimiento calculado para distraer de las acusaciones sobre corrupción y violaciones al proceso legal.
Opositores universitarios ya anuncian que acudirán a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y a la CNDH, alertando que la existencia de dos dictámenes distintos y la ausencia de consulta violan la Ley Orgánica y los derechos de los más de 90 mil estudiantes. Académicos como Alfonso Aguario, Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui denuncian que Saldaña se ha beneficiado de recursos universitarios y que el Congreso podría convertirse en cómplice de estas irregularidades.
El caso de la UAG no es un simple debate académico: refleja cómo Morena, bajo la bandera de la autonomía universitaria, consolida redes de protección a favor de aliados políticos, mientras sacrifica la legalidad, la transparencia y la voz de estudiantes y docentes. La reforma exprés no solo perpetúa a Saldaña en el cargo, sino que deja en evidencia que la universidad se ha convertido en un botín político del partido en el poder.
