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México.- La Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma constitucional que prohíbe de manera absoluta el uso y comercio de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares en todo el país. La medida contempla sanciones de uno a ocho años de prisión para quienes los fabriquen, distribuyan o vendan.
El dictamen fue aprobado con 324 votos a favor y 129 en contra, derivado de una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma modifica la Ley General de Salud para establecer un marco de prohibición total, que incluye la adquisición, producción, almacenamiento, transporte con fines comerciales, importación, exportación y cualquier forma de publicidad relacionada con estos dispositivos.
Además de las penas de cárcel, la iniciativa establece multas que van desde 100 hasta 2,000 UMA, equivalentes a entre 11,314 y 226,280 pesos, aplicables a quienes comercialicen estos productos.
El texto aprobado define los cigarrillos electrónicos y vapeadores como todo dispositivo mecánico o electrónico capaz de calentar o vaporizar sustancias tóxicas —con o sin nicotina— distintas al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por el usuario. También reconoce el vapeo como una amenaza para la salud pública, lo que permitirá diseñar políticas para reducir su uso y proteger a poblaciones vulnerables.
La reforma incluye, además, disposiciones para fortalecer el sistema de salud, otorgando mayores atribuciones a la Secretaría de Salud en materia de infraestructura, abasto de medicamentos y coordinación institucional.
Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron que la prohibición podría incentivar el mercado ilegal. La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, acusó al oficialismo de favorecer la operación del crimen organizado y calificó de “hipócritas” a los diputados que consumen vapeadores mientras impulsan su prohibición.
Organizaciones civiles ya habían advertido meses atrás sobre el crecimiento del mercado negro de estos productos, un fenómeno que atribuyen a la falta de regulación y al enfoque prohibitivo del Gobierno.
