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Ciudad de México.- En el marco de "Las Mañaneras del Pueblo", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el compromiso de su administración con la educación pública, vinculando directamente la política de austeridad con el incremento en los apoyos sociales. Bajo la premisa de que "sin corrupción, hay recursos para la gente", el Gobierno de México ha destinado este año un billón de pesos a los Programas para el Bienestar.
Una expansión sin precedentes
El salto en la cobertura educativa es el dato más contundente de la gestión actual. En apenas siete años, el número de estudiantes con beca pasó de 7.2 millones en 2019 a 22.8 millones en 2026.
Este incremento del 216% se refleja en un presupuesto total de más de 140 mil 389 millones de pesos, diseñado para garantizar que ningún niño o joven abandone las aulas por razones económicas.
Pilar de la igualdad
Sheinbaum enfatizó que el objetivo central de estas becas universales es nivelar el terreno de juego. "Nuestro objetivo es la igualdad, que todos lleguen parejos a la escuela", puntualizó la mandataria.
La presidenta aclaró que la prioridad del Estado es la educación pública, asegurando que los estudiantes tengan cubiertas las necesidades básicas —como útiles y uniformes— para concentrarse en el aprendizaje. Además, destacó la creación de nuevos apoyos específicos como la beca "Gertrudis Bocanegra" y el fortalecimiento de "Jóvenes Escribiendo el Futuro" en el nivel superior.
Nuevos apoyos: en secundaria y primaria
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, desglosó los avances de la Beca Universal Rita Cetina:
Secundaria: En enero se integraron más de un millón de nuevos beneficiarios, quienes recibirán 1,900 pesos bimestrales por familia, más un adicional de 700 pesos por cada estudiante extra en el hogar.
Primaria (Útiles y Uniformes): El 3 de febrero iniciaron las asambleas para un apoyo anual único de 2,500 pesos por alumno. Este esquema beneficiará a más de 8 millones de estudiantes y 6 millones de familias en todo el país.
Con estas medidas, el gobierno busca consolidar un sistema donde la educación sea un derecho garantizado y no un privilegio ligado al poder adquisitivo de las familias.
