Table of Contents
Jalisco.- La mañana del 29 de diciembre de 2025, Guadalajara y Zapopan fueron escenario de un ataque armado que dejó sin vida a Alberto Prieto Valencia, de 57 años, conocido en el medio como “El Prieto”, a su hija de 16 años y a uno de sus escoltas. Otros cuatro guardias resultaron heridos.
Prieto Valencia, originario de Veracruz, había consolidado su carrera como comerciante mayorista y fundador de Transportes Odal, empresa logística certificada bajo el estándar internacional C-TPAT, promovido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Su compañía operaba unidades de carga refrigerada y plataformas para contenedores, abasteciendo no solo el Mercado de Abastos de Guadalajara, sino también otras regiones del país.
Ese martes, el empresario viajaba a bordo de un Lamborghini Urus, escoltado por un grupo de exmilitares y guardias privados. Aproximadamente a las 10:20 horas, al menos 30 individuos armados interceptaron el convoy utilizando varios vehículos de gran tamaño, entre ellos una GMC Yukon, que abandonaron en el lugar tras el ataque. Los agresores emplearon una táctica de bloqueo para cercar y disparar directamente contra Prieto Valencia y su escolta.
Los enfrentamientos se extendieron por al menos cuatro puntos distintos y dejaron más de 200 casquillos percutidos. Vecinos y automovilistas captaron videos de las ráfagas de disparos, mientras comerciantes y residentes huían en pánico.
El saldo final: Prieto Valencia, su hija Sara y un escolta muertos, cuatro escoltas más heridos, y un despliegue tardío de autoridades, incluyendo la Policía de Guadalajara, Policía de Zapopan, Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que la Fiscalía estatal ya investiga el móvil del crimen y que se han asegurado algunos de los vehículos utilizados por los agresores. Hasta ahora no hay detenidos. Entre las líneas de investigación se analiza la posible relación del empresario con las llamadas rifas colombianas ilegales, operadas en el Mercado de Abastos.
Estas rifas funcionan como sorteos obligatorios organizados por redes de origen colombiano, protegidas por el crimen organizado, que extorsionan a los comerciantes. Los boletos, que cuestan hasta 20 pesos, actúan como un derecho de piso encubierto, mientras los premios —desde efectivo hasta autos— rara vez se entregan.
La operación de estas redes ha estado documentada desde al menos 2019. En 2024, la detención de Camilo Andrés, colombiano acusado de trata y explotación laboral, reveló la estructura de las rifas: empleados obligados a vender boletos bajo coacción, pagos a miembros del crimen organizado y ganancias millonarias acumuladas por los organizadores.
Con más de 20,000 trabajadores y una afluencia diaria de 60,000 a 70,000 clientes, el Mercado de Abastos se ha convertido en un objetivo estratégico para cárteles locales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Desde 2020, la Fiscalía de Jalisco ha registrado 18 denuncias por usura, tres de ellas en 2025, y abrió carpetas de investigación por extorsión, con seis detenidos, cinco de nacionalidad colombiana.
Testimonios de comerciantes indican que mujeres con vestimenta llamativa eran encargadas de vender los boletos bajo presión y amenaza. Algunos comerciantes reportan que quienes no cumplían eran “tableados” o forzados a ceder parte de sus ganancias.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si Prieto Valencia participaba en la operación de estas rifas o si, por el contrario, era víctima de ellas. Lo cierto es que su asesinato, en un ataque armado de gran magnitud, refleja la creciente violencia e impunidad que persiste en los mercados estratégicos de Jalisco, donde la frontera entre extorsión, crimen organizado y negocios legales se vuelve cada vez más difusa.
