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Tecpan de Galeana, Guerrero.– Más de mil 500 habitantes de 14 ejidos de la Sierra de Guerrero participaron este domingo en una asamblea realizada en la comunidad de La Ola, municipio de Tecpan de Galeana, donde acordaron establecer una Ruta de Seguridad y Paz para coordinar acciones frente a la violencia que afecta a comunidades de la región.
La reunión congregó a representantes de comunidades de Petatlán, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso. De acuerdo con los reportes publicados por medios locales, la convocatoria estuvo a cargo de comisarios municipales y comisariados ejidales.
Crean una ruta de coordinación entre comunidades
Durante la asamblea se aprobó la creación de la Ruta de Seguridad Papanoa-Santa Rosa de Lima-El Durazno-Guajes de Ayala, cuyo objetivo es establecer una agenda común entre los ejidos y facilitar la interlocución con autoridades de los tres niveles de gobierno.
Los participantes plantearon la necesidad de reforzar la presencia de las instituciones de seguridad en las comunidades serranas y acordaron impulsar acciones conjuntas para proteger a sus habitantes y sus recursos naturales.
Entre los ejidos incluidos en la ruta se encuentran Santa Rosa de Lima, El Parotal Mameyitos, Arroyo Frío, Coyuquilla y Las Huertas, de Petatlán; Corrales, Pantano, Lomas de San Isidro y Bajos de Balanzar, de Tecpan; San Antonio de las Tejas y Guajes de Ayala, de Coyuca de Catalán; además de Santa Catarina, Juan las Joyas y Las Peñitas, de Ajuchitlán del Progreso.
Comunidades exigen mayor presencia de autoridades
Durante el encuentro, habitantes expusieron los problemas de seguridad que, según sus testimonios, han enfrentado durante los últimos años. También expresaron preocupación por el desplazamiento de familias y por la afectación de las actividades productivas en la zona.
En Guajes de Ayala, habitantes han denunciado desde años anteriores ataques, amenazas y desplazamientos relacionados con la presencia de grupos delictivos.
La nueva ruta busca que los ejidos puedan realizar gestiones coordinadas ante autoridades estatales y federales, así como ante organismos de derechos humanos, para solicitar medidas de seguridad y atención a las comunidades.