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Ciudad de México — El sistema de partidos en México goza de prerrogativas públicas que superan los 14 mil millones de pesos anuales, una cifra que rebasa, por sí sola, los presupuestos combinados de dependencias federales clave como las secretarías de Gobernación (Segob) y de Economía (SE). Esta disparidad en la asignación de recursos ha encendido el debate sobre la necesidad urgente de una reforma que no solo disminuya los montos, sino que garantice una transparencia efectiva en su uso.
Montos superiores a la administración central
Para el presente año, el financiamiento público total destinado a los partidos políticos con registro en México —incluyendo a las seis fuerzas nacionales (PAN, PRI, PT, PVEM, MC y Morena) y los 64 partidos de inscripción local— asciende a más de 14 mil 6.1 millones de pesos.
De esta monumental bolsa, más de 7 mil 354 millones de pesos se asignan directamente a los seis partidos con registro nacional. En contraste, el presupuesto de las secretarías de Gobernación y Economía, fundamentales para la política interior, la seguridad y el desarrollo económico del país, suma conjuntamente 12 mil 711.3 millones de pesos, quedando notablemente por debajo de lo que recibe la totalidad del sistema partidista.
El nivel de gasto se mantiene elevado incluso en años de baja intensidad electoral. Para este 2025, en el que solo se celebraron elecciones municipales en Veracruz y Durango, los partidos locales recibieron 6 mil 651.8 millones de pesos, repartidos a través de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
- Ejemplos de Financiamiento Local (2025):
- Estado de México: $$$984.3 millones (incluye al PRD local, extinto a nivel nacional).
- Ciudad de México: $$$619.8 millones.
- Jalisco: $$$486.9 millones.
- Colima (estado con menor población): Más de $$$45.1 millones.
Opacidad y gasto en utilidades
A pesar de que las prerrogativas provienen de fondos públicos y la ley obliga a la rendición de cuentas, la transparencia en el gasto partidista sigue siendo un talón de Aquiles del sistema.
De acuerdo con los reportes analizados, la mitad de los partidos no informa de sus gastos, mientras que el resto apenas logra comprobar una fracción mínima de sus egresos. Los recursos millonarios a menudo se destinan a la compra de material utilitario de promoción, como gorras, mochilas, playeras y banderas, en lugar de a la promoción de la participación democrática y la paridad de género, fines establecidos en el Artículo 41 constitucional.
Un caso recurrente es el del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en 2021 llegó a destinar casi la mitad de sus ingresos anuales a la adquisición de artículos promocionales.
El debate de la Reforma Electoral a la zaga
El escandaloso monto del financiamiento público y su opaca regulación han sido temas marginados en los foros de la reforma electoral impulsada por el gobierno federal.
Las primeras audiencias públicas se han centrado en debates sobre la permanencia de las legislaturas plurinominales, el voto electrónico o la continuidad de los Oples, mientras que el tema de las prerrogativas ha sido abordado solo por unos cuantos ponentes, con escasas propuestas concretas para un nuevo modelo de control y transparencia.
De cara al ciclo electoral de 2026, el financiamiento de los partidos nacionales ya está prácticamente garantizado. El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos para los partidos con registro nacional, un monto que, por estar definido en la ley, no podrá ser modificado por la Cámara de Diputados durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esto subraya la urgencia de que la reforma electoral se centre, no solo en la estructura de los órganos de representación, sino en la "fórmula" constitucional que define el financiamiento, la cual permite estos montos excesivos en detrimento del gasto social y administrativo del país.
