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Veracruz, Ver. Los marinos señalados por su presunta participación en la red de huachicol fiscal no fueron dados de baja por las investigaciones penales que enfrentan, sino por no presentarse a cumplir con sus labores o por causas administrativas, admitió el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales.
Durante la conferencia matutina presidencial de este viernes, realizada en este puerto como parte de una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mando naval fue cuestionado sobre el número de elementos detenidos y separados del servicio por el contrabando de combustible en el que están involucrados los hermanos Farías Laguna, marinos de alto rango.
“Hay detenidos y dos prófugos. Uno es retirado; con él no hay problema. El otro estaba en activo, pero como está prófugo está desertando y, por lo tanto, causa baja”, explicó Morales.
El almirante corrigió además su propia versión ofrecida un día antes. Mientras que el jueves había informado de cuatro detenidos y cuatro bajas, este viernes precisó que el número total de detenidos es de seis, aunque dos de ellos aún se encuentran en proceso.
Morales detalló que la separación definitiva de los elementos no está vinculada directamente a las acusaciones penales, sino a procedimientos administrativos en curso. Señaló que los marinos tienen derecho a solicitar revisiones y amparos, lo que prolonga su permanencia legal dentro de la institución hasta que una autoridad jurisdiccional determine la legalidad del proceso.
“Hasta ahorita han causado baja cuatro; de ellos, dos aún están en procesos de amparo”, indicó. Sobre los otros dos casos, puntualizó que uno fue dado de baja por deserción y el otro porque “no puede cumplir con sus funciones”.
Ante el cuestionamiento directo de si las bajas respondían a la presunta relación con el delito de huachicol fiscal, el titular de la Marina fue categórico: “No. Está de baja porque, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de México, cuando una persona no puede cumplir con sus funciones es dado de baja”.
La aclaración dejó al descubierto que, al menos en el ámbito administrativo, la institución ha optado por deslindar las separaciones del servicio de las acusaciones por contrabando de combustible, uno de los delitos más sensibles en el discurso oficial contra la corrupción y el crimen organizado.
