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Ciudad de México.- 6 de marzo. Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitía una opinión consultiva sobre el tráfico ilícito de armas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la principal ayuda para México es evitar que las armas ingresen ilegalmente al país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el gobierno mexicano mantiene acciones legales en tribunales de Estados Unidos contra fabricantes y vendedores de armas, aunque dijo desconocer si el proceso derivará en una acusación formal.
El objetivo de la demanda, explicó, es evidenciar la responsabilidad de las empresas que comercializan armas que posteriormente son introducidas de manera ilegal a México.
Según la presidenta, tanto fabricantes como expendedores tienen responsabilidad al vender armas que terminan en manos de personas que las trasladan al país.
De forma paralela, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana respalda la postura que México ha sostenido sobre el tráfico ilícito de armas.
De acuerdo con la cancillería, el tribunal regional estableció que los Estados deben ejercer “debida diligencia” para regular, supervisar y fiscalizar la comercialización de armas de fuego, incluso cuando esta actividad sea realizada por empresas privadas.
La dependencia señaló que el pronunciamiento confirma la necesidad de que los países adopten controles efectivos que eviten el desvío de armas hacia el mercado ilegal, además de implementar mecanismos para identificar su origen y rastrear su circulación.
La opinión también reconoce que las empresas pueden tener un papel significativo en la problemática de la violencia armada, debido a que sus decisiones comerciales, así como la falta de controles en la venta y distribución, pueden generar consecuencias para la seguridad de la población.
La resolución no es vinculante y deriva de una solicitud presentada por México en 2022 ante la Corte Interamericana, en la que pidió interpretar la responsabilidad de empresas dedicadas a la fabricación, distribución y venta de armas por los efectos de prácticas negligentes sobre los derechos humanos, así como las obligaciones de los Estados para garantizar protección judicial a las víctimas.
