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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantener inmovilizadas cuentas bancarias durante investigaciones, aun cuando existan amparos en trámite.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el fallo respalda criterios previamente establecidos y corrige limitaciones que impedían a la autoridad financiera actuar con eficacia frente a operaciones sospechosas.
Sheinbaum respalda criterio judicial
Sheinbaum explicó que la UIF, órgano adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realiza investigaciones para prevenir el lavado de dinero, incluyendo casos vinculados con corrupción, delincuencia organizada y delitos económicos.
Indicó que, aunque la facultad de inmovilizar cuentas ha existido desde hace tiempo, resoluciones judiciales anteriores habían restringido su aplicación. En la práctica, dijo, tras el bloqueo de una cuenta los afectados promovían amparos que derivaban en suspensiones automáticas.
“La UIF ya no podía inmovilizar cuentas. Enseguida, después de la inmovilización, venía un amparo”, señaló.
Añadió que esas suspensiones permitían retirar los recursos, lo que dejaba sin efectos las acciones emprendidas.
UIF retiene fondos investigados
La presidenta afirmó que el nuevo criterio modifica ese escenario al permitir que las cuentas permanezcan bloqueadas mientras continúan las investigaciones, evitando que los recursos bajo sospecha sean retirados.
Sostuvo que este cambio fortalece la capacidad del Estado para prevenir y combatir el lavado de dinero dentro del sistema financiero.
También indicó que las medidas de la UIF se aplican únicamente cuando existen indicios de operaciones ilícitas.
Sheinbaum agregó que el organismo no interviene en cuentas de personas o empresas sin relación con estas conductas y que sus acciones se sustentan en investigaciones financieras previas.
La resolución de la SCJN se da en un contexto de discusión sobre el alcance de las facultades de las autoridades financieras y los mecanismos legales de defensa disponibles para particulares. Desde la postura de la presidenta, el fallo permite mantener el control de recursos investigados sin que los amparos anulen de forma inmediata las medidas aplicadas.
