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Ciudad de México.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que ajustar las tuercas de su proyecto estrella. Ante las evidentes dificultades jurídicas y logísticas que implicaba el diseño original de la reforma judicial, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó este miércoles las modificaciones clave a la ley que, a pesar de los tropiezos, entra en vigor de inmediato gracias al respaldo de la mayoría calificada de Morena, PT y PVEM.
"Vimos una crítica que decía: '¡Ya se echaron para atrás! Reconocen con su reforma que se equivocaron'. Falso", reviró Alcalde desde la 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional. De acuerdo con la funcionaria, los cambios no son un paso atrás, sino una forma de "facilitar la participación ciudadana". Sin embargo, para la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) y diversos especialistas, estas correcciones exprés evidencian que la ley se cocinó al vapor en el Congreso sin prever sus consecuencias estructurales.
Las 4 cirugías de emergencia a la reforma
Para evitar el caos electoral y un gasto exorbitante, el gobierno federal aceptó modificar los siguientes puntos centrales:
- Adiós a 2027: La elección judicial se aplaza del año 2027 al 4 de junio de 2028, separándola por completo de las elecciones intermedias ordinarias.
- Boletas menos confusas: Se reducirá drásticamente el número de candidaturas y se simplificará el diseño de la boleta, la cual ahora identificará claramente qué Poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) postula a cada aspirante y su especialidad.
- Filtros de conocimiento: Se homologarán los criterios de evaluación de los Comités de los tres Poderes, obligando a los aspirantes a realizar exámenes de conocimientos.
- Logística unificada: Se garantiza que las elecciones judiciales y las ordinarias compartan ubicación y que los votos se cuenten directamente en las casillas donde fueron emitidos.
Los cambios de "letra chiquita"
El nuevo decreto también incluye dos modificaciones que cambiaron las reglas del juego a mitad del camino. Primero, en caso de que un juez o magistrado muera, renuncie o sea removido, la vacante se quedará vacía hasta el siguiente proceso electoral. Se eliminó la propuesta original de que el puesto fuera ocupado de manera automática por el segundo lugar de la votación anterior.
Segundo, se abrió la puerta para que la histórica elección judicial de 2028 coincida con una eventual consulta de revocación de mandato, siempre y cuando la ciudadanía la solicite bajo los términos constitucionales. Con esto, el gobierno federal busca salvar la narrativa democrática de la reforma, mientras los expertos advierten que el blindaje técnico del sistema judicial sigue estando en la tablita.
