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Una juez federal ordenó la liberación de Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato del PT y PVEM a la gubernatura de Guerrero, tras concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada.
De acuerdo con el periódico Reforma, la juez segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Raquel Duarte Cedillo, dictó la libertad de Segura, quien desde el pasado 12 de agosto permanecía recluido en el penal del Altiplano. La resolución establece que los testimonios de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) resultaron insuficientes para demostrar su presunta pertenencia al grupo criminal Guerreros Unidos.
El empresario fue señalado por testigos protegidos con los seudónimos de “Carla” y “Polo”, así como por Ernesto Pineda Vega, supuesto miembro de Guerreros Unidos, quienes lo acusaron de haber facilitado su hotel “Vida en el Lago” en Tepecuacuilco para actividades de narcotráfico y como refugio de integrantes de la organización. Uno de los testimonios lo vinculó además con la supuesta retención de cuatro normalistas de Ayotzinapa, aunque en esta causa penal no se le imputó desaparición forzada.
Con esta resolución, la UEILCA tiene un plazo de 10 días para presentar un recurso de apelación, que deberá ser revisado por un tribunal colegiado. Se trata del primer revés judicial para Mauricio Pazarán, nuevo titular de la unidad, quien asumió el cargo en julio pasado.
La detención de Segura Valladares había generado manifestaciones en Guerrero. El pasado fin de semana, alrededor de 500 personas marcharon en Iguala y Chilpancingo para exigir su liberación, argumentando persecución política en su contra.
El empresario es conocido en la región por sus actividades filantrópicas, como la entrega de laptops, motocicletas y rifas de automóviles, así como por su candidatura a la gubernatura en 2021, impulsada por el PT y el PVEM, partidos que posteriormente se deslindaron de él tras su detención.
Fuentes del expediente judicial señalan que, además de los testimonios, la FGR había intentado vincularlo a operaciones financieras relacionadas con Guerreros Unidos, tanto en Guerrero como en Chicago, Illinois. No obstante, la juez determinó que dichas declaraciones no cumplían con el estándar mínimo de prueba para sostener la acusación.
