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Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) parece tener dos pesas y dos medidas. Por un lado, mantiene en el limbo a 113 organizaciones civiles que vigilan al poder, quitándoles la posibilidad de recibir donativos deducibles; por el otro, le pone "tapete rojo" a los proyectos cercanos a Palacio Nacional.
El contraste es brutal: mientras instituciones con décadas de trayectoria enfrentan un calvario burocrático, la asociación recién fundada por Carlos Pellicer López —sobrino del poeta y cercano al círculo de Andrés Manuel López Obrador— obtuvo su autorización como donataria en tiempo récord para canalizar fondos hacia Cuba.
Los puntos clave del trato diferenciado:
- El "bloqueo" a los expertos: Organizaciones como el IMCO, México Evalúa y Mexicanos Primero llevan meses (algunas desde diciembre de 2025) esperando que el SAT valide sus trámites.
- La vía rápida para los aliados: En contraste, la asociación de Pellicer López, creada bajo la instrucción de apoyar la agenda de cooperación con la isla, no enfrentó las trabas de "acreditaciones inválidas" que hoy tienen frenado al resto de la sociedad civil.
- Burocracia selectiva: Amnistía Internacional señala que para las ONGs críticas hay "informes duplicados y requisitos excesivos", una carga que parece no aplicar para quienes impulsan la agenda oficial.
"A las organizaciones se les exige todo, pero el SAT no aplica el mismo rigor para todos. ¿Queremos un país donde solo se permita vigilar a unos cuantos?", cuestiona Amnistía Internacional México.
El laberinto del SAT: El caso IMCO
El absurdo llega a niveles de kafkianos: el SAT le revocó el permiso al IMCO porque desconoció un documento de la propia Secretaría de Ciencia (SECIHTI). Básicamente, el brazo fiscal del Gobierno no reconoce lo que su mano científica firma, dejando a una de las organizaciones más importantes del país sin capacidad de deducibilidad.
¿Un golpe a la democracia?
Para los defensores de derechos humanos, la señal es clara. Al asfixiar económicamente a quienes documentan abusos, vigilan elecciones o impulsan mejores leyes, se debilita el contrapeso ciudadano. La advertencia de AI es contundente: menos sociedad civil significa más espacio para la opacidad y los abusos de autoridad.
¿Por qué debería importarte?
Cuando estas organizaciones se quedan sin recursos, los que pierden son los ciudadanos:
- Víctimas que se quedan sin apoyo legal.
- Mujeres en situación de violencia sin atención.
- Pueblos indígenas sin defensa de su territorio.
- Proyectos culturales alternativos ante la falta de inversión del gobierno.
Al final, parece que la estrategia es clara: si no hay quien documente abusos, los abusos "no existen".
