Tabla de contenido
Ciudad de México.- En una decisión sin precedentes que podría revolucionar la justicia ambiental en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó revisar un caso inédito: reconocer a las abejas como sujetos de derechos.
Impulsado por comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, este amparo busca crear una figura jurídica que permita a los cuidadores indígenas acudir a los tribunales federales en representación de las abejas para exigir que el Estado frene su muerte masiva y proteja su entorno.
A propuesta de los ministros Hugo Aguilar Ortiz e Irving Espinosa Betanzo, el Pleno de la Corte aprobó la atracción del amparo 790/2025 con un contundente respaldo de ocho votos a favor y solo uno en contra, de la ministra María Estela Ríos González.
"Nos permite estudiar la relación ancestral de la comunidad maya con las abejas y si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza", apuntó el ministro Espinosa, mientras que su homólogo Arístides Guerrero García destacó que esto sentará las bases para blindar a la abeja melipona, pieza clave de la identidad cultural y económica de la región.
La rebelión maya contra las megagranjas porcícolas
El debate de la Corte no se limitará a los polinizadores. En la misma sesión, el máximo tribunal del país atrajo otros dos explosivos recursos del pueblo maya de Homún, Yucatán, enfocados en frenar la brutal expansión de la industria de la carne de cerdo que amenaza la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes.
El primer recurso, promovido por el colectivo "Guardianes de los Cenotes", exige que se reconozca formalmente la personalidad jurídica de la reserva de agua subterránea y la custodia indígena como escudos legales contra la contaminación.
El segundo caso revive un litigio emblemático iniciado en 2018 por niños y adolescentes de la comunidad, quienes lograron congelar las operaciones de la megagranja PAPO (Producción Alimentaria Porcícola).
La Corte tendrá la última palabra para decidir si el funcionamiento de este gigante agroindustrial dentro de un área protegida por la Convención Ramsar vulnera el derecho humano al agua, a la salud de la niñez y a la identidad cultural maya.
